Alberta Alcántara y Teresa González

Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas hñähñú (otomíes) del Estado de Querétaro, fueron detenidas arbitrariamente el 3 de agosto de 2006, fueron acusadas y sentenciadas injustamente; y permanecieron más de tres años en prisión por hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán.

Ese día seis agentes federales de la extinta AFI comenzaron a decomisar la mercancía de los comerciantes del tianguis de Mexquititlán. No iban uniformados ni se identificaron. Los vendedores, exigiendo sus derechos, se opusieron a esta acción autoritaria. Por ser un operativo irregular, los agentes tuvieron que ceder ante los reclamos y pagar los daños ocasionados.

El incidente parecía terminado; sin embargo, los agentes y el Ministerio Público orquestaron un proceso que culminaría con la detención y condena de Alberta y Teresa. En efecto, se integró la averiguación con elementos contradictorios, con testimonios y pruebas carentes del rigor mínimo; y, pese a las inconsistencias, el juez Cuarto de Distrito de Querétaro ordenó la detención de tres mujeres -entre ellas Alberta y Teresa-. Esta detención se realizó sin apego a derecho: a través de engaños, sin que las personas que las detuvieron se identificaran o indicaran los motivos reales de su detención. Hasta horas después Alberta y Teresa se enterarían de que las acusaban de haber secuestrado a los seis agentes federales que pretendieron abusar de los comerciantes de Mexquititlán. El proceso penal estuvo también lleno de irregularidades: pese a ser mujeres indígenas no se les otorgó el derecho a contar con un traductor o intérprete, tampoco fueron aceptadas las pruebas que daban cuenta de su inocencia; en cambio, fueron aceptados los testimonios de los agentes a pesar de las contradicciones evidentes en estos. En el proceso ellas estuvieron siempre en desventaja.

Ante lo notorio de las deficiencias procesales y por la trascendencia del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo, de manera extraordinaria, la apelación presentada por la defensa de ambas mujeres. El 28 de abril de 2010, los cinco ministros de la Primera Sala unánimemente resolvieron revocar la sentencia que condenaba a Alberta y Teresa a 21 años de prisión y ordenaron su liberación. Con esta decisión enviaron un mensaje claro a todas las autoridades: por un lado, la necesidad de anteponer el respeto a la presunción de inocencia a cualquier consideración y, por otro lado, el imperativo de proceder con independencia, imparcialidad, profesionalismo y sensatez al valorar las pruebas aportadas en un proceso.

Después de casi 10 años de que Alberta y Teresa fueran condenadas injustamente por delitos que no cometieron, en 2016, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó que la PGR debía reparar el daño, mediante la realización de una disculpa pública por haberlas detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro.

En 2017 se lleva a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la PGR. Dicho acto incluye a Jacinta Francisco Marcial.