“Detrás de la copa, se esconden las fosas y la tropa”. Esta consigna se leía en una pancarta mientras diversos colectivos se manifestaban a las afueras del Estadio Azteca y vialidades aledañas en el marco del partido de reinauguración de dicho recinto tras su remodelación.
Este evento, realizado en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA, fue un adelanto no sólo de lo que aguarda para la justa de fútbol, sino también de las múltiples contradicciones y vulneraciones que el hospedaje del torneo deportivo más visto en el mundo supone para un país inhóspito con sus víctimas. Ese día, 28 de marzo del 2026, mientras el juego de pelota y las manifestaciones coincidían en un mismo espacio, 21 personas desaparecieron en México y siguen sin ser localizadas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol es alcanzado por las incontables deudas en materia de derechos humanos de los países sede. En 2014 vimos las protestas contra la gentrificación y el desplazamiento en Brasil bajo el lema FIFA go home; en 2018 vimos el incremento de la violencia y discriminación contra la comunidad LGBT+ en Rusia; y en 2022 vimos los escándalos por explotación de trabajadores en la construcción de los estadios a marchas forzadas.
Ahora, en 2026, Estados Unidos albergará la copa mundial mientras mantiene a Medio Oriente bajo ataque, retoma viejas prácticas imperialistas en América Latina, ejecuta una política energética regresiva en términos de cambio climático, reproduce discursos de odio y refuerza su política antimigratoria, en virtud de la cual mantiene la suspensión de la expedición de visas a 39 países –cuatro de ellos participantes en la Copa del Mundo– y deportó a 475 mil personas en 2025.
Mientras tanto, en México nos faltan más de 130 mil personas desaparecidas, la violencia persiste en toda la extensión de su territorio, la impunidad continúa como normalidad institucional, miles de personas han sido desplazadas por la gentrificación de sus barrios y la construcción de obras de infraestructura mundialista, y se ha despojado a comunidades de su agua para abastecer instalaciones deportivas y turísticas en sitios de escasez hídrica. A la protesta le sobran motivos, al Mundial le faltan.
La coyuntura actual nos remite de manera irremediable a lo acontecido el 1 de junio de 1978, en Buenos Aires, Argentina, cuando el dictador Rafael Videla declaró inaugurado el “Mundial de la paz” al mismo tiempo que en la Plaza de Mayo el periodista neerlandés Frits Jelle Barrend entrevistó a las madres y abuelas que buscaban a sus hijos. El contraste de ambas imágenes recorrió los noticieros internacionales, rompiendo el cerco mediático que protegía las desapariciones sistemáticas de la dictadura militar argentina, muchas de estas ejecutadas en la Escuela de Mecánica de la Armada, a sólo 700 metros del estadio sede inaugural.
La protesta es resistencia digna frente a la instrumentalización de los eventos deportivos como blanqueamiento de la imagen pública de una nación. Lo observamos desde 1978 y hasta el pasado 28 de marzo con las referidas protestas de colectivos de familias buscadoras en las afueras del estadio, así como en los bloqueos y las “cascaritas” y “Retas Anti FIFA”. El mismo tipo de acciones se han llevado a cabo ya en otros espacios públicos como la Glorieta de las y los desaparecidos, donde los colectivos de familias de personas desaparecidas lanzaron la campaña Hagamos que suceda… ¡Hasta encontrarles!, que continuará con actividades hasta el 11 de junio, día inaugural de la Copa del Mundo.
La realización de este tipo de actividades y reivindicaciones es indispensable para resistir contra el olvido, para colocar al centro las verdaderas necesidades y clamores de nuestro país y para reapropiarse de un juego que pertenece al pueblo y no a los dueños de corporaciones. Se trata de que la pelota cambie de dueño, y de que la fiesta mundialista, en el mejor de los casos, celebre la resistencia y la dignidad de los pueblos y naciones, mas no el enriquecimiento de unos cuantos. Como dijo uno de los participantes en las manifestaciones del 28 de marzo: “el fútbol no debería ser pretexto para quitarnos espacios ni derechos. Aquí jugamos nosotros, los de abajo”.
En un país donde las familias suplen la labor del Estado y cavan la tierra con sus propias manos para buscar a sus desaparecidos, donde las instituciones son incapaces de garantizar el acceso a la justicia, o donde las redes de macrocriminalidad mantienen el dominio de territorios enteros, las víctimas pagan el costo de la fiesta. Millones de pesos del erario –por lo menos 1,500 millones de pesos a nivel federal, sin contar las aportaciones de los gobiernos estatales– han sido destinados a los preparativos para el Mundial y no al fortalecimiento institucional ni a la atención urgente de una crisis históricamente negada por los gobiernos. No es cuestión de abolir la fiesta, sino de visibilizar las exigencias de justicia, de capitalizar la mirada internacional puesta sobre nuestro país para reivindicar los grandes pendientes que persisten en términos de garantías democráticas y derechos humanos, y de lograr que los gobiernos actúen en consecuencia.
A la anarquista y feminista Emma Goldman se le atribuye la frase “si no puedo bailar, no es mi revolución”. La protesta y la celebración no son antónimos, sino expresiones legítimas de dignidad y derechos inalienables para la vida democrática y comunitaria. Que en esta edición de la Copa Mundial de Fútbol gire el balón como protesta ante las injusticias, como derecho a la alegría, como celebración digna, como corazón del pueblo, pero nunca como encubrimiento de las atrocidades que ocurren en nuestro país, ni como negocio para quienes las perpetúan. ¡Hagamos que suceda!
