Desde las instituciones convocantes, consideramos prioritario generar espacios educativos de construcción e intercambio de conocimientos que resulten en la búsqueda continua y efectiva de justicia en México.

Frente a la impunidad que existe en México, resulta una necesidad denunciar aquella que prevalece en los delitos cometidos por el Estado, especialmente en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, la cual plantea un reto adicional debido al nulo interés de los distintos gobiernos por esclarecer la verdad de estos hechos, castigar a las personas responsables, garantizar el acceso a la justicia y la no repetición de actos como los que se dieron en ese periodo.

Sin embargo, en España y otros países de América Latina sí se han dado algunos avances considerables que pueden ser referentes para nuestro país. Las experiencias pueden proporcionar elementos para la labor que se hace desde la sociedad civil, la academia y otros grupos organizados, para impulsar avances con respecto a la justicia transicional en México. Creemos que el conocimiento acumulado de la sociedad civil organizada, las familias de las víctimas y sobrevivientes de estos delitos, y de la misma academia, merece ser compartida, reflexionada y actualizada conjuntamente.

En México el cambio de partido político en el gobierno federal no significó una transición efectiva a la democracia, los dos gobiernos panistas aportaron muy poco para la resolución de los crímenes del pasado. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) generó un informe poco conocido y no fue presentado oficialmente de manera pública. Tras el cierre de esta fiscalía, justo el último día de la presidencia de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón no existieron avances significativos encaminados al esclarecimiento de la verdad histórica, juicio a los responsables y reparación a las víctimas y sus familiares.

La transición sólo representó una alternancia respecto al partido en el poder, pero mantuvo intactas las estructuras que durante décadas alimentaron tanto la persecución por motivos políticos, como la falta de mecanismos de investigación, alentando con ello la impunidad institucionalizada. La actuación de las autoridades no se tradujo en la verdad sobre los crímenes de Estado ni en su investigación y persecución formalizada ante las instancias de procuración e impartición de justicia.

Es también preocupante que la impunidad de estos crímenes no sólo se refleje en la falta de justicia, sino que además el fenómeno de la desaparición forzada, así como los crímenes de Estado, sigan existiendo en México. En ese sentido, podemos afirmar que hay una relación entre la impunidad de los crímenes de estado cometidos en el pasado, con los que se cometen hoy en día.

Es principalmente por estas razones que impulsamos un “Diplomado Internacional de Justicia Transicional” en donde se convoque a todas y todos los interesados desde distintos sectores de la sociedad para que puedan reunirse periódicamente a reflexionar, compartir experiencias y proponer rutas sobre este tema.