Familia Guzmán Cruz

Desaparición Forzada

Año de los hechos

1972

5 miembros de la familia detenidos y desaparecidos

Entre los años de 1974 y 1976 cinco miembros de la familia Guzmán Cruz (el padre y cuatro hijos), originarios del comunidad indígena p´urhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron detenidos y desaparecidos por miembros de la Brigada Blanca, órgano político perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad. Amafer Guzmán Cruz fue detenido en la ciudad de Morelia, Michoacán; Armando Guzmán Cruz en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; José de Jesús Guzmán Jiménez (el padre) y Solón Adenauer Guzmán Cruz (17 años) fueron detenidos en Tarejero y Venustiano Guzmán Cruz (17 años) en Acapulco, Guerrero. Hasta la fecha no se sabe el paradero de ninguno de ellos.

En 2001, en su informe sobre el programa de presuntos desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia Guzmán Cruz.

Posteriormente, en mayo de 2002, se presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de los hechos ante la Femosopp, fiscalía especial creada en 2001 para investigar delitos del pasado. En 2006 la fiscalía desapareció sin dejar, tras 4 años de investigaciones, resultados concretos; y la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, órgano que se hizo cargo de las investigaciones iniciadas, ha permanecido inactiva.

Ante la indiferencia de las autoridades nacionales, en octubre de 2006, los familiares enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admitiera el caso. Cinco años después, en 2011, la CIDH trasladó la petición inicial al Estado mexicano, el cual tras solicitar prórrogas la contestó de forma vaga e incompleta en agosto de 2012.

Hasta ahora el Estado mexicano ha sido incapaz de procurar justicia para las desapariciones del pasado. Mientras no haya justicia para las víctimas de la guerra sucia, no habrá posibilidades de construir una sociedad democrática y participativa. En tanto, familiares y organizaciones acompañantes esperamos que la CIDH admita el caso y lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de lograr acceso a la verdad, justicia y reparación integral para la familia Guzmán Cruz.

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