Alicia de los Ríos Merino

Desaparición Forzada

Año de los hechos

1978

i

Interponen denuncia ante la FEMOSPP el

24 de junio de 2002

Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, madre de una bebé con su mismo nombre y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre fue desaparecida en el contexto de la Guerra Sucia, caracterizada por el empleo constante de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial contra grupos insurgentes, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas a actividades políticas.

Alicia fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca. Desde entonces, las autoridades han ocultado su paradero.

El 24 de junio del 2002, la familia De los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Sin embargo, después de la disolución de este organismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso sin dar resultados efectivos a fin de judicializar la indagatoria.

En abril de 2011, frente a los nulos avances en la investigación, la familia de Alicia, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prodh presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Alicia.

Desde la detención de Alicia han pasado 40 años sin resultados concretos y sin dar con su paradero. Alcanzar verdad, justicia y reparación en su caso es una exigencia de familiares, personas y organizaciones. El Estado mexicano debe restablecer una instancia para la investigación de los delitos y crear una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y, ahora, en la actual estrategia para el combate a la delincuencia organizada.

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De fines de los años sesenta a inicios de los años ochenta del siglo XX el Estado mexicano recurrió a la práctica de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos ordinarios para garantizar su propia seguridad. Cometió estos crímenes en su actuación contra grupos insurgentes armados y extendió su práctica contra opositores políticos, contra integrantes de movimientos sociales e incluso contra quienes no participaban en actividades políticas.

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