Alicia de los Ríos

Desaparición Forzada

Año de los hechos

1978

i

Interponen denuncia ante la FEMOSPP el

24 de junio de 2002

Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, es una víctima de desaparición forzada.

Su desaparición ocurrió en una época caracterizada por el empleo constante de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos para garantizar la seguridad del régimen contra grupos insurgentes armados, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas al desarrollo de actividades políticas.

En efecto, el 5 de enero de 1978, Alicia fue detenida en la colonia Nueva Vallejo, en la ciudad de México, por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, luego de un enfrentamiento a tiros en el que resultaron muertas tres personas.

El 24 de junio del 2002 la Familia de los Ríos Merino y el Centro Prodh interpuso una denuncia ante la FEMOSPP. Sin embargo, dspuès de su disolución, la PGR no ha dado resultados efectivos a fin de judicializar la indagatoria.

En abril de 2011, frente a los nulos avanes en la investigación, la Familia de los Ríos Merino, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez; y el Centro Prodh, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derchos Humanos para determinar la responsabilidad delEstado mexicano en la desaparición forzada de Alicia.

Desde la detención de Alicia han pasado casi 35 años sin resultados concretos, sin conocer la verdad, sin conocer su paradero, sin que ella aparezca. Alcanzar verdad, justicia y reparación en su caso es una exigencia de familiares, personas y organización que apoyan su causa. El Estado mexicano debe reconocer su responsabilidad; debe restablecer una instancia para la investigación de los delitos y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y por las múltiples violaciones a estos mismos derechos, en el marco de la actual estrategia para el combate a la delincuencia organizada.

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De fines de los años sesenta a inicios de los años ochenta del siglo XX el Estado mexicano recurrió a la práctica de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos ordinarios para garantizar su propia seguridad. Cometió estos crímenes en su actuación contra grupos insurgentes armados y extendió su práctica contra opositores políticos, contra integrantes de movimientos sociales e incluso contra quienes no participaban en actividades políticas.

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