• Únicamente dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, es decir, en un lapso de 18 años.
  • El Centro Prodh ofrecerá detalles al relator sobre dos casos recientes de manera preliminar a su presentación pública. Uno de ellos sobre tortura, incluso sexual, por marinos y el otro en torno a la tortura como una forma extrema de la discriminación.
En el contexto de la primera visita oficial a México del Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez (más información en este link), el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentará ante el experto independiente de la ONU algunos casos que son una muestra contundente de la gravedad de este problema en nuestro país.
Cabe destacar que la Procuraduría General de la República dio cuenta de únicamente dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, es decir, en un lapso de 18 años. Considerando que México tiene una tasa de impunidad de más de 98 por ciento por la falta de adecuada investigación de delitos.
Esta incapacidad para prevenir y erradicar la tortura, es evidente con el trabajo de documentación de las organizaciones civiles mexicanas, así como de algunas internacionales, con el que constatamos que la tortura es una práctica terriblemente cotidiana. Constantemente conocemos de casos de confesiones y pruebas obtenidas bajo tortura para condenar a personas, muchas veces inocentes.
En el Centro Prodh consideramos relevante que como sociedad aportemos a los mecanismos internacionales la información existente para combatir la tortura. Por ello, y a través de los canales establecidos, pondremos a disposición del relator de la ONU la información con la que contamos al respecto.
Se trata de casos como el del indígena mazahua Hugo Sánchez, o como el del joven de Ciudad Juárez, Israel Arzate, (por señalar dos que hemos defendido como organización) donde se demostró que por regla general las y los jueces cuestionan la tortura en primera instancia, en lugar de investigarla como corresponde, trasladando la responsabilidad de probar la tortura a quien fue víctima de ella. Otro caso emblemático es el de las Mujeres Denunciantes por los Hechos de Tortura Sexual en San Salvador Atenco, que aún se mantiene en la impunidad.
Como una forma de constatar la triste actualidad del tema haremos de conocimiento del relator dos casos de manera preliminar a su presentación pública. Por una parte el caso de Claudia Medina Tamariz quien además de ser incomunicada fue torturada física y sexualmente durante 36 horas por elementos de la Marina en Veracruz. Por otra parte conocerá el caso de Ángel Amílcar, migrante garífuna torturado durante 15 horas en un cuartel militar de Tijuana.
Ante ello, hacemos un llamado a la sociedad mexicana para no quedarse callada ante un evidente indicador de que nuestro sistema de justicia no refleja los valores democráticos que como nación decimos profesar. Si bien la responsabilidad por la tortura es claramente del Estado mexicano, una sociedad atenta y vigilante es un factor clave para impulsar la democracia y la progresividad de los derechos.
Asimismo, a partir del día de hoy y hasta el final de la visita del relator (del 22 de abril al 2 de mayo), daremos a conocer información estadística, casos y otros datos sobre la tortura en nuestro país a través del micrositio Torturar no es Justicia, creado específicamente para este fin, así como en las redes sociales de la organización (@CentroProdhfacebook.com/prodh).
Como adjunto a este comunicado incluimos la primera infografía que estaremos distribuyendo ampliamente el día de hoy y que puede ser reproducida libremente por sus medios citándonos como fuente.
Para más información pueden contactarnos
Quetzalcoatl g. Fontanot
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