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MUJERES DENUNCIANTES POR TORTURA SEXUAL EN ATENCO 
[Estado de México] 

A partir de un conflicto del municipio de Texcoco contra un grupo de floristas, los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, colectivos solidarios y personas sin militancia alguna.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material de distintos cuerpos de seguridad hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, como encubrimiento y omisiones. También pidió disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia en este caso y aquellas necesarias para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.

El 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancia e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.

A una década de los hechos apenas hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación, no hay ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, a pesar de las investigaciones de la SCJN, de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales, como la CIDH y el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

AÑO DE HECHOS: 2006 (mayo)

TEMAS: Seguridad ciudadana / Uso excesivo de la fuerza policía / Tortura sexual / Mujeres / Violencia de género / SIDH

VIOLACIONES IDENTIFICADAS: Uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y agresiones sexuales en contra de las mujeres, violación a las garantías de seguridad jurídica.

STATUS: Actualmente el caso se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Nov
19

Expertas internacionales y sobrevivientes exigen a Estado mexicano erradicar tortura sexual

Autor // comunicacion

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Para leer el Dossier de Prensa de la campaña, da click aquí.

Para leer el informe Tortura Sexual en México, da click aquí.

 

  • Presidente de la CNDH reconoce durante foro la impunidad que prevalece en estas violaciones a derechos humanos.

 

 

 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2015. Expertas de organismos internacionales, académicas especialistas y familiares y sobrevivientes de tortura sexual llamaron al Estado mexicano a prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual contra las mujeres con una fuerte y renovada perspectiva de género.

El Foro internacional “Hacia la erradicación de la tortura sexual a mujeres en México. Propuestas y perspectivas nacionales e internacionales”, realizado ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, fue inaugurado por Claudia Medina, sobreviviente de tortura sexual a manos de elementos de la Marina, y por Austreberta Casales, madre de Verónica Razo, sobreviviente de esta tortura a manos de la Policía Federal y presa en un penal de máxima seguridad. Ambas mujeres exigieron que se termine con la impunidad de este crimen y que se ponga especial atención a las sobrevivientes que se encuentran en reclusión. “Es una enfermedad que están haciendo las autoridades, y si no hay castigo, se incrementa”, alertó Medina. “Temo represalias, pero quiero enfrentarlo porque sola, no me oye nadie”, declaró Casales.

En el evento participaron Tracy Robinson, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Rashida Manjoo, Ex-Relatora sobre la Violencia Contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Roxana Arroyo, del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ecuador, así como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González Pérez; Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Nadia Sierra, asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como Katia Vera Morales, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Tracy Robinson, al aludir a la visita in loco que la CIDH realizó este año a México, indicó que una de las principales preocupaciones de la Comisión Interamericana es el uso extendido de la tortura sexual a manos de todas las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente contra aquellas mujeres recluidas. Describió cómo los estereotipos de género se reflejan en esta tortura, y resaltó que uno de los desafíos principales en cuanto a una investigación adecuada es castigar a los responsables, además de hacer efectivas las medidas de no repetición. Insistió en que, aunque sea cometido por actores estatales o no estatales, el Estado tiene la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar a los perpetradores, así como asegurar una reparación a las víctimas. “Estamos en un momento único para avanzar en este tema”, insistió.

Rashida Manjoo insistió en que es necesario abordar la tortura sexual de una manera más integral, e insistió en que el trabajo de las víctimas y las organizaciones es crucial para empujar el entendimiento de este tipo de violencia. Señaló que en los años en que ejerció el cargo de la ONU (2009 a 2015) constató falta de capacidad pero también de voluntad de los Estados para erradicr la tortura sexual, y destacó que es necesario atacar las causas estructurales de esta violación a derechos humanos.

El sistema de justicia también está impregnado por estereotipos de género e incluso el marco jurídico llegó tarde a comprender que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Lamentó que se invisibilice este tipo de violencia y consideró que, como mínimo, se debe cuidar la aplicación del Protocolo de Estambul, acatar las resoluciones de la CIDH, introducir la perspectiva de género, tipificar la tortura sexual, entre otras acciones.

El presidente de la CNDH, en su turno, reconoció que la impunidad es una situación grave en México que genera condiciones para que los agresores continúen perpetrando violaciones graves a los derechos humanos. Angélica de la Peña resaltó los avances y pendientes en materia de legislación de tortura; Nadia Sierra valoró que los esfuerzos que se hacen para combatir la tortura sexual son aislados e incompletos, y que las instituciones de justicia por sí solas son incapaces de eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia a las mujeres.

PortadaDossierRompSil2015

El foro fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil que conforman la campaña Rompiendo el Silencio: Todas Juntas Contra la Tortura Sexual: como el Centro de Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Asociadas por lo Justo y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Para leer el Dossier de Prensa de la campaña, da click en la portada.

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Mar
14

Audiencia de la CIDH sobre las Mujeres de Atenco

Autor // comunicacion

Se presenta el video de la Audiencia de la CIDH en el que se tocó el tema de las Mujeres de Atenco:

 

 

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Jun
15

Atenco: 6 años de impunidad, 6 años de resistencia

Autor // comunicacion

 

Sin duda, el Operativo Atenco del 3 y 4 de mayo del año 2006 fue una estrategia perpetrada desde el aparato estatal para desmovilizar a la sociedada organizada; para evitar la protesta social y la resistencia ante la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado. En los días de tal barbarie, es evidente que el abuso y la tortura sexual contra las mujeres cobró sentido al entenderse como una arma de guerra, en donde las mujeres significaron espacios que se poseen y, por lo tanto, se dominan.

 

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Descarga el libro dando clic aquí:  Atenco: 6 años de impunidad, 6 años de resistencia

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Nov
22

Mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco / Dossier de prensa

Autor // comunicacion

ATENCOCARPETA

 

 Los días 3 y 4 de mayo de 2006, al menos 2 mil 500 agentes de seguridad municipales, estatales y federales implementaron un operativo policiaco en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

El saldo del operativo terminó con 47 mujeres agredidas física y/o sexualmente por parte de los agentes del orden. También a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago (14 años) el 3 de mayo en Texcoco y el universitario Ollin Alexis Benhumea, quien fue herido en la cabeza por un proyectil, quedando en coma el 4 de mayo en Atenco y murió hospitalizado algunos días después.

Haz clic aquí para descargar el Dossier de prensa