Desaparición Forzada de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera

Debido a la inacción de las autoridades, la familia tuvo que aprender a dar seguimiento a sus investigaciones penales, a los temas periciales relacionados con la búsqueda en campo, a la situación de inseguridad en el país y a la posible colusión de ciertas autoridades con diferentes grupos del crimen organizado. A partir de su experiencia, decidieron acompañar a otras familias y colectivos en la búsqueda, participar en movimientos, crear colectivos e impulsar acciones de búsqueda a nivel nacional.

La familia Trujillo Herrera participó de forma activa en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en 2011, que convocó a cientos de familiares víctimas de la violencia y violaciones a derechos humanos. El 23 de junio de 2011, el MPJD sostuvo un Diálogo público con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Castillo de Chapultepec, en el que Doña Mari dio su testimonio e hizo referencia a las dificultades que enfrentan las víctimas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. A partir de esto, se convirtió en un referente para miles de familias que atraviesan la tragedia de la desaparición. Fue así como en 2013 se formó el grupo “Familiares en Búsqueda María Herrera”.

Ante la necesidad de seguir fortaleciendo y articulando el trabajo colectivo, en 2014 se realizó un llamado a todos los colectivos de familiares en búsqueda de México para unirse en la Red de Enlaces Nacionales (REN), impulsada por la familia Trujillo Herrera. La Red está formada actualmente por más de 65 colectivos de todo el país, con el objetivo de coordinarse, crear estrategias conjuntas y salir a buscar a sus familiares.

En ambas investigaciones se observa la falta de debida diligencia por parte de las autoridades. Algunas de ellas son:

• No se realizaron acciones relevantes en los primeros momentos de la denuncia, como rastreo de actividad de telefonía, despliegue en campo, solicitud de videos, entre otras.
• Hubo periodos en donde no hubo diligencias.
• Se realizó una indebida tipificación de los hechos.
• Se abrieron actas circunstanciadas en lugar de iniciar expedientes de averiguación previa de forma inmediata.
• Faltó coordinación entre autoridades locales y federales.
• La SEIDO acumuló los expedientes de investigación.
• No existieron planes de investigación.
• Ausencia de análisis de contexto sobre patrones criminales y vínculos entre autoridades y el crimen organizado en las zonas de desaparición.
• Hubo deficiencias y omisiones en la integración de datos de prueba al expediente.
• Ha faltado el uso de tecnología adecuada y actualizada.
• Falta de exhaustividad en los lugares de búsqueda.
• Mal manejo en las entrevistas y falta de incentivos para que los testigos colaboren.
• En ambas desapariciones, las acciones fueron principalmente dirigidas a los particulares, sin considerar un claro esquema de colusión, responsabilidades y omisiones de autoridades.
• Ha habido revictimización e intentos de criminalización de la familia.
• Tiempos excesivos en realizar cotejos del perfil genético.
• Previo a que el Centro Prodh asumiera su representación, la asesoría jurídica no fue garantizada adecuadamente.

Tras los riesgos y debido a la crisis de violencia, en 2013 la familia tuvo que salir de su lugar de origen en Michoacán. Así, no sólo han tenido que afrontar las afectaciones emocionales y físicas derivadas de la desaparición de cuatro integrantes de su familia, sino también las generadas tras su frustración ante la falta de respuesta institucional.

Con el acompañamiento del Centro Prodh, María Herrera y Juan Carlos Trujillo, el 13 de marzo de 2018 promovieron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades del Estado mexicano por negarse reiteradamente a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) para recibir peticiones individuales. El 26 de enero de 2019, un juzgado otorgó el amparo a Juan Carlos y María en el expediente 384/2018. Gracias a la insistencia de las familias, organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, el Ejecutivo envió al Senado la Declaración para reconocer la competencia del Comité, misma que fue aprobada por el Senado el 01 de septiembre y depositada ante Naciones Unidas el 6 de octubre de 2020.

Por otro lado, ante la falta de debida diligencia y el tiempo transcurrido desde los hechos sin que existan resultados en las investigaciones, la familia Trujillo Herrera ha decidido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando los siguientes derechos violados a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CADH) por parte del Estado mexicano:

• Violación al derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo.
• El derecho de acceso a la verdad y la justicia, derivado del tiempo transcurrido, las omisiones y negligencias asociadas a la investigación.
• El derecho de los hermanos Trujillo Herrera a ser buscados por todos los medios posibles como una obligación del Estado.
• El derecho a la integridad de la familia Trujillo Herrera.
• El derecho a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, debido a los riesgos a los que la familia ha estado expuesta durante la búsqueda de sus familiares y el acompañamiento a otras familias y colectivos.
• Violación a la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas.

Ante un contexto de 100 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar, la búsqueda de los hermanos Trujillo y la exigencia de justicia y verdad que ha realizado la familia a distintas autoridades, constituye una oportunidad para visibilizar el andar de miles de familias en el país, su resiliencia y la necesidad de implementar medidas adecuadas para revertir la crisis de desaparición e impunidad en el país.