Informe sobre Militarización
En diciembre de 2006, el gobierno anunció el inicio de una estrategia para combatir el crimen organizado que tenía como uno de sus ejes centrales la militarización del país. En promedio, cada año se desplegaron 45 000 efectivos de la SEDENA y 8 000 de la SEMAR. Este despliegue militar ha continuado hasta la fecha. En este contexto, se ha registrado un incremento en la tasa nacional de homicidios y se han denunciado actos de tortura, desaparición forzada, fabricación de culpables, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las fuerzas armadas.
- Hasta el momento ningún país ha hecho a México alguna recomendación relativa a la militarización del país.
- La militarización de México se ha extendido no sólo a la seguridad pública sino también a otras esferas de la vida pública, que ya suman más de 240 (entre funciones y presupuestos civiles). El Estado mexicano se comprometió a retirar las fuerzas armadas teniendo como plazo el 26 de marzo de 2028, sin embargo hasta el momento no ha presentado el plan de desmilitarización. Por el contrario, su presencia cada vez es mayor.
- En México, las fuerzas armadas han sido responsables de graves violaciones de los derechos humanos, esto se refleja en las 14 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México.
- Crear e implementar un programa de retiro progresivo de las fuerzas militares que incluya plazos claros para que los militares abandonen sus tareas no militares;
- Establecer mecanismos externos, independientes y civiles para garantizar la rendición de cuentas de las FFAA, en particular en casos de violaciones de derechos humanos.;
- Fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública federales, estatales y municipales mediante la profesionalización, una asignación presupuestaria adecuada y una coordinación nacional apropiada entre estas instituciones;
- Adoptar un enfoque de seguridad ciudadana orientado a la prevención, la convivencia comunitaria y el respeto a los derechos humanos en la legislación federal y local, así como en las políticas públicas;
- Adecuar la legislación nacional sobre el uso de la fuerza a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego Cese inmediato de la vigilancia ilegal llevada a cabo por las FFAA,
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