Informe sobre derechos de las personas con discapacidad
Si bien el Estado mexicano ha hecho esfuerzos por armonizar su legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existen dos áreas en las que ha fallado:
1) la omisión en reformar la legislación civil para eliminar la interdicción que implica una restricción al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad;
2) abolir de las legislaciones penales relativas a la privación de la libertad por motivos de discapacidad a través del llamado tratamiento para inimputables.
- El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, sin embargo en los 32 códigos civiles de los distintos estados que conforman al país siguen autorizando restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica por motivos de discapacidad a través de la figura de la interdicción.
- A pesar de la prohibición absoluta en torno a la privación de la libertad por motivos de discapacidad, el Estado mexicano sigue contando con legislaciones penales que permiten la detención basada en discapacidad lo que a todas luces es contrario a los derechos humanos, particularmente al derecho a la libertad y seguridad personal.
- De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México viven 20 838 108 personas con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental. Esta cifra representa el 16.6% de la población total nacional. Las mujeres representan el 53% (11 111 237 personas), mientras que el 47% son hombres (9 726 871).
- Eliminar de los 32 códigos civiles del país cualquier limitación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aboliendo el régimen de interdicción que representa un sistema de sustitución en la toma de decisiones e introducir mecanismos para el apoyo en la toma de decisiones que respetan la dignidad, autonomía, la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.
- Reformar la legislación penal para abolir los tratamientos para inimputables que son impuestos de manera forzosa a las personas con discapacidad y contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.
- Establecer un grupo de trabajo para revisar los casos de las personas con discapacidad que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles del país para reparar los internamientos involuntarios y los internamientos por motivos de discapacidad.
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