Informe General
El informe ofrece un panorama general sobre la persistente crisis de derechos humanos en México. Expone cómo el avance de la militarización y el deterioro del espacio cívico y de órganos autónomos han debilitado el Estado de derecho. Además, ofrece datos sobre graves violaciones como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la impunidad en que ocurren. Este panorama evidencia que, pese a algunos esfuerzos, México ha incumplido sustantivamente sus obligaciones y las recomendaciones en la materia.
- Persiste y se agrava la crisis de derechos humanos en México, ello se expresa particularmente en el aumento de las desapariciones, así como la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de agentes estatales y la práctica generalizada de la tortura. Estas violaciones ocurren además en un contexto donde la impunidad es la regla.
- El debilitamiento de mecanismos y órganos autónomos y desconcentrados, el deterioro y reducción del espacio cívico, y el avance de la militarización en diversas esferas de la vida pública, son solo algunas de las expresiones de cómo se contrae el Estado de derecho en México.
- El Estado mexicano ha incumplido de manera sustancial con las recomendaciones emitidas en los ciclos anteriores del EPU. Pese a los esfuerzos emprendidos, no se observan avances significativos que se reflejen en la mejora de la situación de derechos humanos en el país.
- Diseñar, adoptar e implementar una política en materia de seguridad ciudadana que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y garantice el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad civiles, incluyendo el establecimiento de un plan para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.
- Diseñar, adoptar e implementar una política integral de prevención y erradicación de la crisis de desapariciones y la crisis en materia forense, asegurando la inmediata y adecuada implementación de la Ley General en materia, impulsando medidas efectivas para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
- Implementar acciones y mecanismos para combatir la impunidad, particularmente en casos de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el fortalecimiento de los recursos, capacidades y marco normativo de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
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