El 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo (adolescente al momento de los hechos), José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroníz viajaban en su auto del Puerto Veracruz hacia sus casas en Playa Vicente. En el camino, entre las 12.30 y las 13.00, al pasar por una gasolinera ubicada en la carretera federal 140 (La Tinaja-Ciudad Alemán), en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública de Veracruz, lo que se observa en un video de la cámara de seguridad de dicha gasolinera.

De acuerdo a la información que obra en los expedientes, después de detener a los jóvenes arbitrariamente, los elementos de la policía estatal los habrían entregado a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los habrían torturado y trasladado al Rancho “El Limón” donde los privaron de la vida. Posteriormente, habrían incinerado los cuerpos de los jóvenes y los habrían arrojado a un río cercano.

Desde el momento en el que se percataron de la probable desaparición de sus hijos, las familias de los jóvenes han exigido búsqueda y justicia. Ante la falta de respuesta, instalaron un plantón que duró cerca de 3 meses. Ahí fueron llegando decenas de familias que buscaban a sus desaparecidos pero que, por el clima de miedo imperante, no habían interpuesto denuncias o simplemente eran ignoradas por los funcionarios.

Respecto al paradero final de los jóvenes, únicamente se tiene identificación genética de un resto óseo que fue ubicado en el Rancho “El Limón”, ubicado en Tlalixcoyan, Veracruz, del que se encontró coincidencia genética con Bernardo Benítez. La identificación genética la realizó la Policía Federal y fue corroborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a petición de las familias en marzo de 2016.

El 19 de julio del 2017, la CNDH emitió la Recomendación 5VG/2017 por los siguientes derechos violados: libertad personal, integridad personal, vida, legalidad, seguridad jurídica y verdad, al acreditar que los jóvenes fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria.

El 4 de marzo se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno de Veracruz por la desaparición forzada de 5 jóvenes –cuatro varones y una mujer adolescente- en Tierra Blanca, Veracruz hace tres años.

El acto se deriva formalmente de la Recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al Gobierno estatal. Sin embargo, es indispensable reconocer que la incansable lucha de las familias fue la que logró que distintas instancias actuaran y se reconociera la gravedad de los hechos, el contexto de macrocriminalidad en Veracruz y las fallas del Estado para procurar justicia.

El caso de Tierra Blanca se constituyó en el caso que destapó, pese a la negación del Gobierno local, entonces priista, la profundidad de la crisis de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos en Veracruz, con una profunda imbricación de funcionarios de distintos niveles, en un sorprendente paralelismo con el caso Ayotzinapa. Hasta entonces, recordemos, el mandatario Javier Duarte negaba que la delincuencia organizada actuara en Veracruz. Así, Tierra Blanca puso luz sobre los centenares de desapariciones y desapariciones forzadas que se pretendían mantener en la sombra y que constituyen una verdadera tragedia humana.

Para las familias, la disculpa pública es una parte significativa de la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de sus hijos y de ellos mismos. En su momento, los jóvenes fueron criminalizados por funcionarios que afirmaron que serían parte de la delincuencia organizada; además, las autoridades fueron omisas en la búsqueda y la investigación, agravando el sufrimiento de las familias.

Para las familias, el reconocimiento público de que sus hijos siempre fueron inocentes y de que agentes estatales perpetraron los hechos es un impulso que deberá complementarse con la correcta impartición de justicia en el caso, aún pendiente.

INFORMACIÓN BÁSICA

  • TEMAS: Desaparición forzada, Ejecución Arbitraria, Macrocriminalidad

  • AÑO DE HECHOS: 2016

  • VIOLACIONES IDENTIFICADAS: Detención arbitraria / Tortura / Desaparición forzada / Ejecución Arbitraria / Seguridad jurídica / Derecho a la Verdad

  • ESTATUS: El 4 de marzo se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno de Veracruz; la investigación deberá continuar hasta que haya verdad y justicia para José Alfredo, Mario Arturo, Susana, José y Bernardo.

COMUNICADOS DEL CASO

MATERIALES

Imágenes para redes sociales.

Recomendación No. 5VG/2017 de CNDH