Madres y familiares de personas desaparecidas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de febrero, para solicitar en una audiencia pública garantías para la integridad de todas las personas que buscan.
Buscar a un ser querido desaparecido es un acto de amor y de lucha legítima que no debería representar ningún riesgo, mucho menos el de perder la vida. Preocupadas por su seguridad y por la falta de acciones del Estado para combatir la crisis de desaparición, en un entorno de creciente deterioro por la revisión desaseada del registro de personas desaparecidas y el abandono a los esfuerzos extraordinarios de identificación forense (el mecanismo y el centro nacional), familiares de personas desaparecidas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 28 de febrero, con el objetivo de realizar en audiencia pública una serie de peticiones que contribuyan a garantizar la integridad de todas las personas que buscan. Esto ante un terrible contexto, donde han sido asesinadas al menos 21 personas buscadoras desde 2010, de acuerdo con reportes de colectivos de todo el país.
Publicado originalmente el día 6 de marzo del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La audiencia se llevó a cabo en la sede de la CIDH en Washington, frente a un deshonroso desdén de las autoridades mexicanas: ningún funcionario asistió de manera presencial; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) decidió no participar en tan relevante evento, ni siquiera en formato virtual, y no acudió ningún representante de la Fiscalía General de la República (FGR). Las buscadoras lamentaron esta situación y denunciaron que esto refleja la falta de voluntad del Estado para atender la crisis de desapariciones y los riesgos a los que las buscadoras están expuestas.
Al inicio, se destacó que, desde el momento en el que se convocó a la audiencia —a finales de enero de este año— hasta que se llevó a cabo, asesinaron a dos personas buscadoras: Ángela Almeraz y Noé Sandoval. Además, fue privada de su libertad y continúa desaparecida Lorenza Cano, desde el 15 de enero de este año, el mismo día en el que su esposo e hijo fueron asesinados.
Las buscadoras demandan la localización de sus seres queridos ante las instituciones que tienen la obligación de investigar los delitos y violaciones a derechos humanos, pero también en el campo, con palas y picos. Lo hacen de manera conjunta, en colectivos, buscando acompañarse entre ellas ante la negligencia, la insolencia y la falta de respuesta de las autoridades. Ellas -pues son principalmente mujeres, madres, hijas, hermanas- enfrentan no solo riesgos a sus vidas al recibir amenazas, hostigamientos, sino también impactos derivados de las desapariciones de manera diferenciada, al ser ellas generalmente las que se hacen cargo de las infancias en los hogares, con las subsecuentes cargas económicas.
En la audiencia ante la CIDH se presentaron algunas de estas historias. Alejandra Martínez, del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa, quien busca a su hermano Ismael Alejandro desde 2020, relató una de las estampas de violencia: el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza tras una ceremonia religiosa organizada por el Día internacional de las Víctimas de Desaparición en 2022. Rosario había recibido múltiples amenazas previo al ataque sin que las autoridades le brindaran protección. “El caso de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país: nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando”, dijo Martínez.
Bibiana Mendoza, del colectivo “Hasta Encontrarte” y quien busca a su hermano Manuel, habló sobre la negativa de las autoridades para reconocerlas e incorporarlas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindarles protección derivada de su labor de búsqueda. “A la Comisión y al Estado Mexicano le decimos que somos defensoras de derechos humanos y que al negarnos la incorporación nos ponen en más riesgo”.
Javier Barajas y Ma. del Tránsito Piña, “Los Profes”, padres del buscador Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas asesinado en 2021, tras la búsqueda de su hermana Guadalupe, hablaron sobre los impactos que la impunidad provoca en su caso, ya que hasta la fecha nadie ha rendido cuentas por los hechos y por el contrario, debieron desplazarse fuera de su lugar de origen dejando todo.
Las buscadoras también solicitaron ante la CIDH que el Estado las reconozca plenamente como defensoras de derechos humanos y se les brinden medidas de protección adecuadas para su labor, además exigieron que se definan esquemas de protección colectiva para las búsquedas independientes, tomando en cuenta la diversidad de los colectivos y de sus medios de búsqueda. Solicitaron al Estado que dé información precisa sobre el número de solicitudes de protección que se han realizado hasta el momento y las acciones que han tomado para investigar y sancionar los asesinatos y desapariciones. También pidieron al pleno de la CIDH que realicen una visita urgente a México.
Pese a las dignas demandas de las buscadoras, la representación del Estado se limitó a destacar la creación de protocolos, mencionar grupos de trabajo y procedimientos ordinarios, pero no se respondieron los señalamientos sobre la falta de implementación de las leyes, la falta de funcionamiento adecuado de la institucionalidad y una falta de coordinación entre autoridades.
Las comisionadas y otros funcionarios de la CIDH expresaron su preocupación por los riesgos planteados en la audiencia y manifestaron su compromiso con las buscadoras, incluso anunciaron la realización de un informe sobre la crisis de desapariciones en México. La comisionada Andrea Pochak, relatora para México, habló de tres prioridades: el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, debe fortalecer urgentemente la identificación forense –con los mecanismos extraordinarios que la propia CIDH había reconocido– y debe también combatir la impunidad. “Que salir a buscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable”, expresó. “Y una vez que encuentran, que ya es un milagro que encuentren los restos de sus seres queridos, aparece una segunda desaparición: los restos no se custodian, no se identifican, los desaparecidos vuelven a desaparecer, esto también es intolerable”, añadió.
Asimismo, durante la audiencia la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, cuestionó al Estado respecto a los objetivos, finalidades y resultados de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, dejando claro que esto debe ayudar a generar políticas públicas para abordar la crisis.
Cada día las buscadoras muestran su amor y hacen hasta lo imposible para continuar con su digna labor de buscar a los suyos: se articulan, abren caminos, se enfrentan a funcionarios indolentes, toman con sus manos instrumentos para abrir la tierra y plantean sus demandas frente a autoridades a nivel nacional e internacionales. El papel de los organismos internacionales es fundamental para hacer resonar sus peticiones y lograr que, frente a un escenario desafiante, se concreten acciones para que el buscar no cueste ni una sola vida más.