El Estado mexicano debe demostrar su compromiso con los derechos humanos en el próximo relevo de personas comisionadas en la CIDH, apostando por garantizar que las personas que sean electas cumplan con los criterios de alta autoridad moral, reconocida versación en derechos humanos, independencia e imparcialidad, ausencia de conflictos de interés, paridad de género, y representatividad.
El próximo 23 de junio de 2023 en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se elegirá a cuatro de las siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto en el que el Sistema Interamericano enfrenta importantes retos para cumplir con su finalidad de proteger y promover los derechos humanos, en una región cada vez más convulsa donde la democracia y las libertades se ven amenazadas.
Publicado originalmente el día 20 de junio del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Esta elección ha llamado particularmente la atención por diversos motivos, pues no solo se elegirá a la mayoría de las personas comisionadas (cuatro de siete), además, durante el proceso de postulación, cuatro Estados retiraron las candidaturas que habían presentado —en su mayoría sin dar explicación pública—, entre las que se encontraban un ex-comisionado y una de las comisionadas actualmente con reconocida trayectoria; asimismo, está en juego la paridad de género, al concluir su cargo tres mujeres comisionadas y, según el informe del Panel Independiente que evaluó a las y los candidatos, entre las seis personas nominadas hay tres cuyos perfiles no cumplen con todos los criterios de idoneidad para el cargo, incluso un par sostiene posiciones contrarias a los estándares de la propia CIDH.
Las comisionadas y comisionados son electos, a título personal, por los Estados miembros de la OEA, y tienen un rol fundamental pues, entre otras tareas, toman las decisiones sobre el trámite de los casos que se presentan ante la CIDH, la adopción de informes que exponen la situación de derechos humanos en la región o en un país en específico y la proposición de quién debería ocupar la Secretaría Ejecutiva del organismo.
A lo largo de sus más de 60 años de historia, la Comisión ha significado el único resquicio de justicia y reparación para miles de víctimas, y ha sido pieza clave en momentos como las dictaduras en los países del Cono Sur y los conflictos armados internos en Centroamérica. A la par, han sido múltiples los intentos desde los propios Estados para debilitar a este órgano y mermar sus capacidades. La CIDH ha tenido que enfrentar crisis presupuestarias, iniciativas para disminuir su autonomía e independencia, carencia de personal suficiente, entre otras problemáticas.
En México, la CIDH ha constatado la situación de derechos humanos en sus informes sobre el país de 1998 y 2015, que reflejan las principales problemáticas en materia. Asimismo, ha protegido a personas en situación de riesgo a través de las medidas cautelares, por ejemplo, a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Comisión también ha resuelto por sí misma y ha impulsado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos emblemáticos que reflejan los abusos del Estado en contextos como la llamada “Guerra Sucia” o la “Guerra contra el Narco”. En los últimos tiempos cabe resaltar la colaboración de este organismo en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, brindando asesoría técnica a las autoridades mexicanas en la búsqueda de los jóvenes y la investigación de los hechos.
En este panorama, la próxima elección es una oportunidad valiosa para fortalecer a la CIDH de cara a los desafíos que le atañen. El Estado mexicano debe demostrar su compromiso con los derechos humanos y reflejarlo al emitir sus votos, apostando por garantizar que las personas que sean electas cumplan con los criterios de alta autoridad moral, reconocida versación en derechos humanos, independencia e imparcialidad, ausencia de conflictos de interés, paridad de género, y representatividad.
Desde la sociedad civil, es imperante que quienes somos usuarias del Sistema Interamericano abonemos a los esfuerzos que pugnen por el robustecimiento de sus órganos y mecanismos que permitan a las víctimas acercarse a la justicia, la verdad y la reparación.