Para las familias de los normalistas de Ayotzinapa, ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos. Quedan aún incontables preguntas qué responder, y numerosos perpetradores por rendir cuentas.
Los últimos días han estado llenos de información relacionada con el caso Ayotzinapa. Conviene hacer un recuento para no extraviar lo realmente relevante, destacando la voz de quienes como padres y madres son los protagonistas centrales de esta larga lucha por la verdad y la justicia, luego de que los familiares fijaran su posición durante su 95 marcha mensual el pasado 26 de agosto.
Publicado originalmente el día 01 de septiembre de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En primer lugar, las familias se posicionaron sobre el Informe que el Subsecretario de Derechos Humanos presentó, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia (COVAJ), respecto de los trabajos efectuados para esclarecer lo ocurrido. Sobre este reporte, los padres y las madres subrayaron que al señalar responsabilidades en los tres niveles de gobierno —incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería, en el ámbito federal, y no sólo por omisión— el reporte da la razón a lo que las familias señalaron desde el principio de su lucha hace ocho años, con el añadido de que hoy es la propia administración pública federal en sus más altos niveles —y no sólo los familiares, las organizaciones, las instancias internacionales o los tribunales— quien así lo establece.
Para los padres y las madres, un aspecto especialmente doloroso de la información presentada es el relacionado con que las autoridades han afirmado que no existen en el presente más líneas de investigación sobre paraderos en vida de los jóvenes. Más que desde los estándares jurídicos, que invitan a preservar el principio de búsqueda en vida como guía de las indagatorias por desaparición, esta afirmación hay que sopesarla desde una perspectiva humanitaria, teniendo en cuenta cómo, transcurridos los años, la expectativa de vida deja a las familias vulnerables a extorsiones y engaños, siendo por ello necesario que las autoridades ponderen la realidad de los violentos contextos locales imperantes en entidades como Guerrero y comuniquen a las víctimas sus hallazgos con responsabilidad y cuidado. Visto desde esa perspectiva, ese mensaje fue duro pero responsable, e incluso coincidente con lo que con la mayor empatía posible hemos procurado acercar a las familias organizaciones como el Centro Prodh, a lo largo de este proceso.
Por otro lado, respecto de este Informe, los padres y las madres recibieron con preocupación las menciones efectuadas en el texto sobre los obstáculos que, ya en esta administración, se han enfrentado en el esfuerzo de esclarecimiento, especialmente respecto de la Fiscalía General de la República y el Ejército. Para las familias, estas consideraciones suponen el reconocimiento de que no todas las instituciones se sumaron plenamente al esfuerzo de búsqueda de la verdad a partir de 2018.
Finalmente, las familias han reiterado la relevancia de que la prueba técnica incluida en el Informe sea revisada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso, lo que lamentablemente no ocurrió antes de la publicación del reporte, como las y los propios expertos lo dieron a conocer en su comunicado de 22 de septiembre. Los padres y las madres esperan que la revisión del GIEI, dada la relevancia de dicha tarea, culmine antes del próximo aniversario de los hechos, el 26 de septiembre de 2022.
En cuanto a la detención y el inicio del proceso en contra de quien fuera Procurador General de la República, los padres y las madres destacaron que es un paso hacia la rendición de cuentas de quienes fraguaron una versión falsa sobre lo ocurrido, construida sobre la base de la tortura y otras irregularidades, para cerrar precipitadamente el caso por la presión social que este había generado, causándoles un daño irreparable. Las familias reiteraron que no tienen odio ni animadversión personal contra nadie, pues su lucha es por amor a sus hijos, al tiempo que insistieron en que su prioridad es que se conozca la verdad; por ello, llamaron al hoy vinculado y a otros implicados aún prófugos a cooperar con información.
Paralelamente, los padres y las madres expresaron su preocupación por el desplazamiento de la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) en esta última fase y llamaron a fortalecer la investigación en los siguientes noventa días, a efecto de que la apenas inicial vinculación a proceso subsista y de modo que el proceso no se caiga más adelante.
Adicionalmente, manifestaron también su preocupación por el anuncio de que la FGR se ha limitado a notificar a la SEDENA sobre otras órdenes de aprehensión anunciadas, pues todo el historial del caso muestra las reticencias de esta institución castrense para colaborar.
Por último, las familias de los normalistas de Ayotzinapa insistieron en que ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos. Quedan aún incontables preguntas qué responder, y numerosos perpetradores por rendir cuentas.
Por ello, agradeciendo de corazón la solidaridad que el pueblo de México y los medios de comunicación les han brindado a lo largo de estos casi 8 años, llamaron a la sociedad a acompañarlos el próximo 26 de septiembre de 2022 en la marcha donde seguirán exigiendo justicia, verdad y memoria respecto de los 43 normalistas y las más de cien mil personas desaparecidas en México.
En este contexto, lamentablemente falleció de un infarto fulminante Don Ezequiel Mora Chora, padre del normalista Alexander Mora Venancio. Don Cheque, como fue conocido, buscó a su hijo con amor y entereza a lo largo de todos estos años y así será recordado.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, evento que ha marcado la historia reciente del país, emblemático de cómo se ha perdido en muchas regiones del país la línea divisoria entre la delincuencia organizada y las autoridades; de los niveles a los que ha llegado la crisis de desapariciones en México. A lo largo de estos años, los familiares de los normalistas han dado un enorme testimonio de dignidad, como lo hacen diariamente también miles de familiares de víctimas en el país. Su esperanza es llegar a la verdad, ni más ni menos; si la verdad quedase atrapada en medio de una reyerta política, de nuevo quedarían defraudadas y defraudados.
Por eso, en tiempos convulsos, donde la conversación pública se decanta entre la irracional defensa de la llamada “verdad histórica” contra toda evidencia y el ajuste de cuentas con el pasado en clave de venganza, resalta la serena claridad de doña Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, quien en representación de los padres y las madres, dijo en su mensaje: “esto es relevante, no nos da gusto que alguien esté en la cárcel, pero con esto otros pueden hablar y también nos importa que nadie más viva lo que nosotros vivimos… avanzamos con paso lento”.