Si bien la mayoría de los actos de tortura (el 39.68%) son cometidos por policías ministeriales y por elementos de las policías municipales (20.62%), también se admite que al menos el 5.7% fueron cometidos por policías federales y, más recientemente, un 2.18%, por la Guardia Nacional.
“Los responsables de la tortura sexual no solo son quienes la ejecutan, también es quien la calla, también es quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia, también es quien la sigue perpetuando y alentando”. Esas fueron las palabras de Norma Jiménez, una de las 11 mujeres sobrevivientes de los actos de represión y tortura sexual en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 y que llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la presentación Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, realizada el 26 de junio de 2022.
Publicado originalmente el día 20 de julio de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La presentación, realizada en la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Este acto fue sumamente significativo por dos circunstancias : la primera, la resonancia de la poderosa voz de Norma y de Italia Méndez, quienes, junto con sus compañeras, han alzado la voz durante más de tres lustros exigiendo justicia; la segunda, el reconocimiento estatal sobre la persistencia de la tortura sexual contra mujeres en el presente, por parte de diversos agentes de seguridad pública tanto a nivel estatal como federal.
Esto no es un hecho menor. La emisión del Diagnóstico emana de una de las medidas ordenadas por la Corte IDH en el presente caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, la cual ordena al Estado fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual y facultarlo para que este emita un Diagnóstico anual sobre este fenómeno. Es así que, a más de tres años de emitida la sentencia de este caso, finalmente el Estado, mediante la publicación del diagnóstico, admite la existencia y recurrencia de esta práctica en el país, utilizada para conseguir pruebas incriminatorias, reconociéndola como una grave violación de derechos humanos con un componente diferenciado en razón de género.
Como lo afirmó Norma: “Aceptar y documentar que existe la tortura sexual en México es algo que llevamos más de 15 años peleando, y estar sentadas aquí no solo nos da la razón, no solo echa por tierra cuando nos dijeron ‘mentirosas’, sino que también da marco a una lucha muy larga”.
Dentro de los hallazgos más relevantes del Diagnóstico, derivados de las más de mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad de diferentes centros de reclusión del país, está que el 79.3% de las mujeres señalaron haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público o en el centro penitenciario; el 32.19% refirió explícitamente haber sufrido tortura sexual, mientras que un 11.64% se presume (por sus narraciones) que vivieron actos de tortura sexual sin haberla reconocido como tal. Es decir, el 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura enfrentaron actos con connotaciones de naturaleza sexual.
Hay además hallazgos relevantes en el diagnóstico: si bien la mayoría de los actos de tortura (el 39.68%) son cometidos por policías ministeriales y por elementos de las policías municipales (20.62%), también se admite que al menos el 5.7% fueron cometidos por policías federales y, más recientemente, un 2.18%, por la Guardia Nacional. Esta realidad no debe soslayarse en un momento donde se discute la necesidad de revisar y señalar la falta de controles y transparencia a esta institución de naturaleza y composición predominantemente castrense. Máxime cuando permanece incumplida una medida crucial de la sentencia dictada por la Corte Interamericana, que obliga a crear un observatorio independiente sobre el actuar de la Guardia Nacional.
También, contrario a las afirmaciones en el sentido de que en México ya no se violan los derechos humanos, el Diagnóstico confirma que los actos de tortura sexual siguen ocurriendo ya que cerca de la mitad de las mujeres entrevistadas fueron detenidas entre el 2019 y el 2021. “Como lo hemos afirmado todos estos años, y ahora el Diagnóstico lo confirma, la tortura sexual en México contra mujeres persiste, no es un hecho del pasado, ocurre hasta el día de hoy con la alta comisión por parte de instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno”, enfatizó Italia, durante la presentación del Diagnóstico, en un mensaje que sin duda remite a casos de mujeres que habiendo sobrevivido a este grave atentado contra su dignidad hoy siguen en prisión, como July Raquel Garfias, quien permanece recluida en Veracruz.
El documento contempla también una serie de recomendaciones dirigidas a diversas instancias, incluyendo las fiscalías —las estatales y la federal—, el Poder Judicial, instituciones de Seguridad, organismos de Derechos Humanos, las comisiones de Atención a Víctimas y Sistema Penitenciario. Entre ellas, destaca la necesidad de atender proactivamente las denuncias realizadas por mujeres, asegurar la debida investigación de los perpetradores, garantizar la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, asegurar la debida atención en materia de salud —ya que en incontables ocasiones las mujeres refieren no recibir atención adecuada, y cuando lo hacen, son revictimizadas y se enfrentan a obstáculos y deficiencias—, así como dotar de recursos a las instancias encargadas en materia de tortura, incluyendo al Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, el cual no ha sesionado desde octubre de 2019. Esta instancia tendría que dar seguimiento a estos casos y contribuir a la liberación de las mujeres cuando se acredite que se encuentran injustamente presas.
La presentación del Diagnóstico no solo es un paso en el cumplimiento de una sentencia internacional, sino que es una oportunidad para que las diversas instituciones generen una ruta de acciones para la prevención y erradicación de esta práctica; lo que se mantiene como una deuda con víctimas, sobrevivientes y especialmente con las 11 mujeres que, con la frente en alto, han denunciado esta terrible práctica y han invitado y acompañado a otras mujeres a romper el silencio.