CNDH: dos años a la deriva

El año pasado, tras lamentar el desaseo que privó en el relevo de la titularidad de la CNDH, advertimos cómo se estaba dilapidando la oportunidad de renovar genuinamente a esa institución. Así, señalamos que aun cuando se mantenían cuantitativamente algunos aspectos del trabajo de la Comisión, en otros era notorio que había una merma cualitativa. Como apuntamos entonces: “No es que estemos perdiendo la CNDH para la defensa de los derechos humanos y como contrapeso pues en realidad nunca cumplió del todo esas funciones, pero sí estamos perdiendo lo rescatable que había en ella y, sobre todo, la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas”.

Lamentablemente, las inercias que documentamos han continuado en este año, lo que puede corroborarse al revisar los aspectos sustantivos del trabajo de la Comisión; esto es: la emisión de recomendaciones, la presentación de acciones de inconstitucionalidad, la difusión y la gobernanza interna.

En cuanto a la emisión de recomendaciones, al 06 de diciembre se informa en el portal de la Comisión de 88 recomendaciones emitidas durante 2021. Si bien desde una perspectiva cuantitativa esto sitúa el actuar de la actual CNDH en los rangos de sus predecesores, considerando además que cerró 2020 con 90 recomendaciones, el análisis de las recomendaciones muestra que continúa la tendencia que documentamos en el balance del primer año: una atención desproporcionada a los expedientes de tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias registrados antes de 2018  que contrasta con la poca atención a los eventos similares ocurridos después de esa fecha.

Según informó la CNDH en el informe que emitió en el contexto de los primeros dos años de la administración, son 164 recomendaciones las emitidas durante la actual gestión, 54 de ellas por hechos sucedidos dentro del gobierno actual. Al revisar los registros, se encuentra que la inmensa mayoría de las recomendaciones son contra el IMSS (28) y el ISSSTE (9), principalmente por temas de negligencia médica. En segundo lugar, se encuentran los recursos contra resoluciones de comisiones públicas estatales (7) y contra autoridades municipales y estatales (20). Es decir, fuera de los temas de salud en los grandes institutos de seguridad social, no hay en realidad un monitoreo profundo sobre la acción del Ejecutivo Federal, especialmente en relación con las instituciones de seguridad pública. En este sentido, es notoria la ausencia de recomendaciones contra la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional por eventos ocurridos en este sexenio; sólo se emitieron dos recomendaciones en contra de la SEDENA y la SEMAR por hechos de tortura, ocurridos en 2017.

El caso de la Guardia Nacional es particularmente llamativo: con un total de 766 quejas desde su creación en mayo de 2019 hasta el 07 de octubre de 2021, la CNDH solamente le ha dirigido una recomendación. Pero la institución Ombudsperson ha concluido 414 quejas de las 766 presentadas en la gran mayoría de los casos por orientación, lo que no descarta la existencia de violaciones a derechos humanos.

La crisis migratoria tampoco ha sido cabalmente monitoreada. Sólo se han emitido dos recomendaciones contra el INM, y en una de ellas una persona migrante perdió la vida al interior de una estación migratoria. Respecto de violaciones graves a derechos humanos, se han emitido hasta la fecha 5 recomendaciones, siendo sólo 2 por eventos ocurridos en este sexenio.

En este tema, es notorio que sigue existiendo un innegable trato desigual en la integración de quejas, especialmente en los plazos que ésta toma. Por ejemplo, la Recomendación 74/2021, suscitada por la negativa del mecanismo de protección a periodistas y defensores a incorporar a una persona que actualmente se desempeña como funcionaria pública, tomó menos de seis meses entre que se inició el expediente y se emitió la recomendación, mientras que en casos donde que no involucran la queja de un servidor público la demora puede tomar más de 40 meses. Los casos de tortura sexual que acompaña el Centro Prodh, por ejemplo, continúan sin ser resueltos.

En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, la actual CNDH ha acudido a este medio de control constitucional en 165 ocasiones (en 2020 fueron 306). Como lo señalamos en el informe de revisión de la gestión de la CNDH en 2020, la mayor parte de la normatividad cuestionada es del ámbito estatal o municipal, impugnándose sólo dos leyes de carácter federal; en estos dos casos, sin embargo, la argumentación fue parcial y no se impugnaron todos los aspectos que era necesario cuestionar.

En comunicación social, por otro lado, la CNDH no ha tenido una presencia pública notoria y consistente en los temas más relevantes de la agenda de derechos humanos, pues ha sido ausente cuando se trata de revisar la actuación del actual gobierno federal. Por ejemplo, fue notorio su silencio frente al “Acuerdo” por el que se considera de interés público y seguridad nacional los proyectos estratégicos de la administración, pese a que pone en riesgo derechos humanos, incluso de comunidades indígenas y campesinas, lo que anticipa que no interpretará progresivamente su mandato para impugnarlo, como sería deseable. A esto se suma, además, su silencio frente al proceso de militarización en curso.

Finalmente, en cuanto a su gobernanza, la CNDH pasó prácticamente todo el 2021 con una sola integrante activa en el Consejo Consultivo, de los 10 que debería tener este órgano colegiado de entidad constitucional, que tiene atribuciones legales muy relevantes. Si bien el rezago es atribuible al Senado, la CNDH no fue proactiva en señalar esta omisión ni en buscar que se revirtiera, menos en esperar a que el Consejo estuviera bien conformado para someter a su consideración propuestas relevantes de cambio. Apenas esta semana fue anunciado el nombramiento de las y los consejeros restantes.

Esto ya ha tenido consecuencias. Por ejemplo, la CNDH modificó su Reglamento Interno de una manera que, en ausencia de un Consejo robusto que deliberara la modificación, bien puede considerarse como un ilegítimo acto discrecional de la Presidencia. Además, es muy cuestionable en cuanto a su contenido, pues -por citar sólo algunos ejemplos- se dispuso que la CNDH pueda reabrir para su revisión recomendaciones ya emitidas, a partir de supuestos mal definidos que alientan la discrecionalidad; también se dispusieron nuevas causales para cerrar el seguimiento a recomendaciones ya emitidas, que facilitan el incumplimiento por parte de las autoridades. Todo esto acompañado, además, de un notorio aumento de las atribuciones de la actual Secretaría Técnica.

Esta complacencia con las autoridades, sobre todo de la administración pública federal, contrasta con la severidad con que la CNDH está persiguiendo a excolaboradores. El caso de quien fungiera como encargado de la Primera Visitaduría evidencia este deterioro: por hacer declaraciones a la prensa tras su salida, la CNDH le inició procedimientos administrativos e intentó denunciarlo penalmente, sin que esa decisión haya sido puesta a la consideración de un Consejo robusto. Como lo señalamos varias organizaciones, resulta indignante que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de esta índole a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen violaciones graves a derecho humanos.

En suma, al analizar pormenorizadamente el segundo año de la actual CNDH constatamos que siguen las inercias documentadas la anualidad previa, que muestran cómo se ha dilapidado la posibilidad de renovar a este órgano, que, en cambio, muestra una notoria complacencia frente a lo que ocurre en la esfera de la administración pública federal.

Tristemente, estamos ante una CNDH a la deriva, que no está cambiando en la dirección que se requería. Es deseable que los temas aquí destacados -excesiva atención a casos previos a 2018 en la emisión de recomendaciones, inequidad en la tardanza para la integración de expedientes, complacencia con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, exigua interposición de acciones de inconstitucionalidad frente a leyes federales, cambios unilaterales a su reglamento, persecución penal y administrativa a excolaboradores, y ausencia de en los temas más relevantes de de derechos humanos que tocan el debate público- sean estrechamente monitoreados por el Consejo entrante, en el que sin duda se integran personas que conocen la agenda de derechos humanos.