Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes son sistemáticas y recurrentes: han sido documentadas y advertidas desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos que trabajan a ras de tierra con las personas que se ven forzadas a salir de sus países.

Durante los últimos días hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de escenas dolorosas e indignantes de abuso de la fuerza contra personas migrantes, mayoritariamente haitianas, que indudablemente comportan violaciones a sus más elementales derechos humanos.

Publicado originalmente el día 10 de septiembre de 2021, en “La lucha cotidiana de los derechos humanos”.

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Esto se da a menos de una semana de que el presidente de la república afirmara, en el marco de su tercer informe de gobierno, que en México “ya no se violan los derechos humanos”.

Como lo dijimos en su momento, esta declaración es falsa y contrasta, a la vista de cualquiera, con las escenas protagonizadas en Chiapas por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la militarizada Guardia Nacional.

Aunque se difundió que fueron suspendidos dos de los agentes involucrados en uno de los episodios de abuso más mediáticos, lo cierto es que estas violaciones a derechos humanos son sistemáticas y recurrentes: han sido documentadas y advertidas desde hace tiempo por las organizaciones de derechos humanos que trabajan a ras de tierra con las personas que se ven forzadas a salir de sus países.

Esta política migratoria, que en vez de desarrollarse a partir del respeto a los derechos humanos pone en el centro la “contención” de personas y la militarización en los operativos, sin duda ha detonado abusos y ha llevado al deterioro de las condiciones en las que se limita la movilidad de las personas hasta el punto de ser inhumanas, lo que se agrava por el silencio cómplice de actores llamados a ser contrapeso como la desdibujada CNDH.

Si bien es cierto que las causas de la migración son complejas y que las soluciones de fondo requieren de políticas públicas ambiciosas e integrales, en lo que hoy están padeciendo las personas que buscan refugio o simplemente alcanzar la frontera norte influye la decisión de militarizar las fronteras.

Lamentablemente, vemos confirmado lo que advertimos hace unas semanas en nuestro informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”. Este análisis, que profundiza en el proceso por el cual se desdibujó el carácter civil de la Guardia Nacional y se otorgaron amplias facultades a las Fuerzas Armadas sin controles adecuados, ya advertía que la participación de elementos militarizados en la contención migratoria acarrearía violaciones a derechos humanos de poblaciones en alta vulnerabilidad.

En el mencionado informe señalamos que las fracciones XXXIII, XXXV y XXXVI del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional le permiten a este cuerpo militarizado realizar labores en materia migratoria, lo que supone la directa participación castrense en la “contención” de los flujos humanos.

A este respecto, en los estándares internacionales de derechos humanos hay un consenso emergente respecto de la necesidad de acotar la intervención de las Fuerzas Armadas en este ámbito. Por ejemplo, en la página 5 de su reciente informe de la “Visita de trabajo virtual a México sobre Personas en situación de Movilidad Humana”, la CIDH reiteró que la seguridad ciudadana y las funciones de control migratorio deben corresponder a fuerzas policiales civiles. Además, la Comisión ha hecho referencia a que las decisiones en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o administrativos no especializados (párr. 313)

En igual sentido, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas expresó que involucrar a las Fuerzas Armadas en la contención migratoria puede llevar inevitablemente a que no se respeten los derechos.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su revisión al Estado mexicano en 2019 (párr. 34), señaló el efecto negativo que puede tener la labor de la Guardia Nacional en el control migratorio, en un contexto en el que al Comité “le preocupan seriamente los actos de discriminación y el uso excesivo de la fuerza”.

Las autoridades deben escuchar y atender los llamados que se hacen desde los organismos internacionales de derechos humanos. Y sobre todo, tienen la obligación moral de abrir los ojos y los oídos a quienes reclaman: también somos humanos. Negar la realidad insistiendo en que ya no se violan los derechos humanos o afirmando con necedad y complacencia que el problema son las caravanas de migrantes, no contribuye a atender esta crisis.