Una versión del informe que reconoce que en México existió una política de violación sistemática y generalizada de los derechos humanos durante la Guerra Sucia, puede consultarse en el sitio de internet de la Secretaría de Gobernación. Dado el contexto mexicano y teniendo en cuenta los antecedentes, este paso no es menor. Por ello, esta medida debería ir acompañada de otras a efecto de potenciar su impacto.

El pasado 10 de junio, en el contexto del 50 aniversario del llamado “Halconazo” y después de 15 años de permanecer embodegado y ajeno a cualquier tratamiento oficial, el informe histórico de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPPvolvió a estar disponible en un sitio de internet gubernamental.

Publicado originalmente el día 16 de junio de 2021, en “La lucha cotidiana de los derechos humanos”.

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La fallida historia de este informe evidencia y pone de relieve el maltrecho devenir de la justicia transicional en México. Como es sabido, después de la primera alternancia en el 2000, fue creada la FEMOSPP, que entre otras cosas se propuso emitir un informe histórico sobre sus hallazgos. Habiendo señales de que la administración foxista no respaldaría cabalmente el reporte, el documento -entonces titulado ¡Que no vuelva a suceder!– fue filtrado en febrero de 2006 antes de que se publicara oficialmente. Y aunque estaba previsto que hubiese una presentación oficial, la administración se limitó a difundir una versión editada del mismo en el portal de la Procuraduría General de la República (PGR), que permaneció disponible para consulta por breve tiempo al final del sexenio. Poco después, ya en plena administración calderonista, en marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se extinguió la FEMOSPP.

Desde entonces, el informe no volvió a ser retomado en ningún documento o acto oficial por ninguna instancia; de hecho, al preguntar por el mismo vía solicitud de acceso a la información, la PGR respondía que se trataba de información “inexistente”, aunque diversas versiones circularon en publicaciones de distinta índole. En la administración peñanietista incluso se dieron pasos hacia atrás en la posibilidad de acceder a algunos archivos públicos vinculados con la época. Frente a esta realidad, las alternativas provinieron de la academia, la sociedad civil y los familiares con esfuerzos como la plataforma “Archivos de la represión”, coordinada por ARTICLE19, o como el esfuerzo que en medio de condiciones adversas llevó adelante la Comisión de la Verdad de Guerrero (COMVERDAD).

Ahora, una versión del informe que reconoce que en México existió una política de violación sistemática y generalizada de los derechos humanos durante la Guerra Sucia, puede consultarse en el sitio de internet de la Secretaría de Gobernación.

Dado el contexto mexicano y teniendo en cuenta los antecedentes, este paso no es menor. Por ello, esta medida debería ir acompañada de otras a efecto de potenciar su impacto.

En primer término, es fundamental que el informe se discuta y actualice a la luz de lo que hoy sabemos sobre el período, pues los procesos de construcción de memoria se afianzan en las sociedades cuando son dialógicos y generan discusión y debate.

Esto se vuelve más relevante si se considera que existen varias versiones sobre el mismo. Por ejemplo, en la versión filtrada, se incluía en el apartado sobre la Guerra Sucia en Guerrero un párrafo que incluía la afirmación de que: “Al ejército se le permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como ‘conflicto interno’, protegido por los Convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar, y que son considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad e imprescriptibles”. Esta, sin embargo, no se incluye en la versión final publicada. Se trata sólo de un ejemplo entre muchos otros que tendrían que discutirse, pues tales caracterizaciones son relevantes de cara al esclarecimiento histórico del período.

En segundo término, es relevante generar versiones populares que circulen más allá del internet y, más adelante, versiones pedagógicas que puedan ser retomadas por el sistema educativo.

En tercer término, es importante avanzar hacia la aceptación del contenido del informe por todas las instancias del Estado mexicano, incluyendo sobre todo a las Fuerzas Armadas. La participación castrense en las graves violaciones a derechos humanos cometidas de forma sistemática en la época es una realidad innegable: por citar solo un ejemplo, el Informe muestra cómo muchas de las personas detenidas por la Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), conformada por civiles pero también por elementos de la policía judicial militar, fueron trasladadas a instalaciones militares y después desaparecidas. Pese a que este es un hecho objetivo más allá de toda duda, las Fuerzas Armadas no han hecho ningún reconocimiento público sobre su actuación en el período. Cuando debían hacerlo por consecuencia de un caso resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eludieron esta responsabilidad con la complacencia de las autoridades civiles.

Que las Fuerzas Armadas reconozcan lo ocurrido en la Guerra Sucia importa porque, además, están más empoderadas que nunca. Cuerpos que hoy conforman la Guardia Nacional, como la Policía Militar, vienen de ese pasado nunca reconocido.

Esto no está sucediendo. Recientemente, ya en el contexto del actual sexenio, vía solicitud de acceso a la información1, desde el Centro Prodh preguntamos a las Fuerzas Armadas cómo se aborda en la formación castrense lo ocurrido en la década de los setenta respecto de la comisión de violaciones a derechos humanos en contra de civiles y cómo se aborda en la formación castrense lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Más específicamente, pedimos al Ejército los documentos que acreditaran que en las versiones sobre la historia de esta institución armada que se enseñan a las y los reclutas, se reconoce que el Ejército Mexicano se ha visto implicado en casos de violaciones a derechos humanos. De manera puntual, solicitamos los documentos que acrediten que en el Ejército se reconoce actualmente que personas que integraron esta institución armada en el pasado, como Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, estuvieron vinculados a actividades ilícitas. La respuesta, en todos los casos, fue que en el Ejército “no se localizó evidencia documental que dé respuesta” al requerimiento.

Igualmente, al solicitar información sobre el destino de los archivos del hoy disuelto Estado Mayor Presidencial, al que el propio Presidente de la República le ha atribuido la comisión de delitos graves, la institución armada igualmente respondió que no localizó evidencia documental relacionada con la solicitud.

Ante este panorama, sin duda el paso dado con la publicación del informe de la FEMOSPP empieza a revertir la vergonzosa actuación de quienes en su momento lo censuraron y ocultaron. Tanto la reunión del presidente con familiares y víctimas del período, como las otras ceremonias oficiales de conmemoración del “Halconazo” son también alentadoras en este sentido. Para proseguir en esta línea y empezar a saldar una parte de la deuda con la memoria de ese período, deben darse pasos adicionales. Sobre todo, sería fundamental que en este sexenio las Fuerzas Armadas reconocieran su responsabilidad por los hechos de la Guerra Sucia y transparentaran cabalmente sus archivos relativos a la época.


Secretaría de la Defensa Nacional. Unidad Transparencia. Respuesta a la solicitud de información 0000700090721. Hoja de Respuesta a Solicitudes de Información sin número. Ciudad de México. 15 de abril de 2021.