La minería del carbón es una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen; pese a ello, está siendo fuertemente promovida desde el Estado dada  la actual coyuntura energética. Por eso es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad no siga comprando carbón a minas que no cumplen con la legalidad y seguridad

En numerosas ocasiones, cuando se habla desde las instituciones de reparar la comisión de violaciones a los derechos humanos, el discurso oficial pone en el centro el aspecto económico y, en los tiempos más recientes, los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.

Publicado originalmente el día 9 de junio de 2021, en “La lucha cotidiana de los derechos humanos”.

Ir al artículo original

No se debe poner en duda la importancia de estas medidas, pues contribuyen a resarcir a las víctimas -a menudo denostadas por las propias autoridades-, lo que a su vez ayuda a que éstas puedan reconstruir los proyectos de vida truncados por la violación a derechos humanos.

Sin embargo, una escucha atenta a las víctimas  -quienes deben ser el centro de estos procesos de reparación- permite entender que para ellas las medidas de no repetición son fundamentales. Desde su dolor y, sobre todo, desde su generosidad, surge el deseo profundo de que se corrijan las deficiencias estructurales que dieron lugar a la violación que vivieron; el anhelo de que nadie más  viva algo parecido.

Éste es el clamor que se pudo escuchar este fin de semana al cumplirse 12 años de la tragedia en la Guardería ABC. Las familias del Movimiento 5 de Junio no han quitado el dedo del renglón en la exigencia de que se haga justicia.

Pero sobre todo, su gran empeño ha sido eliminar lo que han identificado como la causa estructural detrás del incendio que arrebató la vida a 49 niñas y niños: la nula supervisión estatal sobre las condiciones en que prestan sus servicios las estancias, guarderías y otros espacios educativos o de cuidado. Por eso, ha pugnado por leyes que permitan una mejor garantía de los y las niñas que acudan a estos espacios. Al hacerlo, han contribuido con generosidad a la no repetición de las dolorosas vivencias que ellos afrontaron; han dado, así, un servicio inconmensurable a toda la sociedad, orientado a que nadie viva de nuevo lo que ellos y ellas vivieron.

En otros procesos de búsqueda de justicia, verdad y memoria el impulso de las medidas de no repetición también ha estado siempre presente. Por ejemplo, en el caso Pasta de Conchos, las familias de los mineros han luchado por más de 15 años para que no vuelvan a ocurrir siniestros tan dolorosos en la actividad minera.

Lamentablemente, sus llamados no han sido atendidos y hoy estamos viviendo la repetición de hechos similares con la inundación y colapso de la mina de arrastre Micarán, ubicada en Múzquiz, en la zona carbonífera de Coahuila. Hasta el momento de la redacción de este artículo, se habían recuperado los cuerpos de cuatro de los siete mineros que quedaron atrapados, siendo por tanto fundamental que se prosigan los trabajos.

Este terrible suceso ha impactado dolorosamente a los deudos del siniestro de Pasta de Conchos, que a quince años de la explosión en la mina siguen esperando el rescate de los restos de sus familiares y, en muchos casos, siguen teniendo familiares que trabajan en la extracción de carbón.

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPCdenunció que el siniestro de Múzquiz pudo prevenirse, pues desde octubre se había informado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las terribles condiciones de trabajo justamente en este lugar. La comunicación -con fotografías incluidas- se dio porque la CFE es compradora de carbón de la mina. Aunque la empresa paraestatal se deslindó de cualquier transacción comercial, la OFPC mostró el número de contrato para aclarar que el mineral sí es adquirido por la Comisión.

La minería del carbón es una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen; pese a ello, está siendo fuertemente promovida desde el Estado dada  la actual coyuntura energética. Por eso es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad no siga comprando carbón a minas que no cumplen con la legalidad y seguridad, y que las autoridades con responsabilidades en el tema emprendan medidas verdaderamente efectivas para obligar a los empresarios a proteger la vida y bienestar de sus trabajadores.

Justamente por ello, las familias de Pasta de Conchos insisten en que hablar de reparación sin medidas de no repetición no contribuye a evitar nuevos siniestros. Por ello, también han lamentado que en el proceso en curso se haya privilegiado la indemnización y, a partir de una concepción limitada sobre quiénes son víctimas, se haya excluido a familiares y defensoras que por años centraron su lucha, no en reparación, sino en rescate y medidas de no repetición.

Lamentablemente, la tragedia que está transcurriendo ante nuestros ojos les ha dado la razón. Lo que está sucediendo en Múzquiz es un inapelable llamado a la acción para tomar, de una vez por todas, medidas que protejan las vidas de los trabajadores, sobre todo de aquellos que enfrentan las peores condiciones laborales.

Tanto el reciente aniversario del incendio de la guardería ABC, en Sonora, como el colapso de la mina Micarán que recuerda el siniestro de Pasta de Conchos, Coahuila, muestran la relevancia de poner en el centro las medidas de no repetición respecto de las violaciones a derechos humanos que lastimaron y siguen lastimando a todo el país.