En esa variopinta coalición política que es el partido en el poder, donde lo mismo concurren personas con convicciones democráticas que oportunistas de pasado autoritario, el discurso presidencial contra los organismos civiles de defensa de derechos humanos puede volverse una licencia para que funcionarios federales de menor nivel replicando esa lógica escalen hacia modalidades de animadversión que no sean sólo discursivas.
Recientemente, el presidente de la República aludió en sus conferencias matutinas al trabajo civil en derechos humanos. Primero, expresó que tanto las instancias internacionales como los defensores civiles de derechos humanos habían “guardado silencio” ante las “masacres del pasado”. Después, refirió que la organización civil ARTICLE19 era parte del “movimiento conservador” y sugirió también que la objetividad de su trabajo podría estar condicionado por sus fuentes de financiación.
Publicado originalmente el día 8 de abril de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Las menciones de los organismos internacionales de derechos humanos son falsas. Estas instancias han sido clave para documentar y llamar la atención sobre la crisis de derechos humanos que empezó a cernirse sobre México con el recrudecimiento de la llamada guerra contra las drogas. En el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de 2015 sobre la situación del país marcó un hito en la documentación de esta crisis. En cuanto a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), el trabajo que realiza mediante el equipo que se encuentra permanentemente en México ha dado voz a las víctimas de la violencia desde su establecimiento en 2002.
Un caso como Ayotzinapa muestra que estas instancias internacionales nunca guardaron silencio: gracias a la CIDH se pudo conformar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que mostró las inconsistencias de la supuesta “verdad histórica”; y gracias a la OACNUDH se pudo documentar el uso generalizado de la tortura como medio de investigación en el caso. Al día de hoy, la CIDH y la OACNUDH colaboran con el actual gobierno en los esfuerzos orientados al esclarecimiento de lo ocurrido.
Las expresiones sobre el pretendido silencio de las y los defensores civiles de derechos humanos son también falsas. En estos lustros pasados, fueron las organizaciones quienes se pusieron de lado de las poblaciones que quedaron inermes entre la violencia estatal y la violencia criminal. En las entidades más golpeadas por esta crisis, defensores y defensoras civiles nunca callaron: CADHAC, en Nuevo León; el Centro Fray Juan de Larios, en Coahuila; el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Chihuahua; el CEPAD, en Jalisco; Tlachinollan, en Guerrero; el CDH Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas. Poniendo en riesgo su vida en no pocos casos, estos organismos comenzaron a acompañar a los colectivos de familiares de víctimas que con el tiempo se volvieron la vanguardia de la lucha contra las desapariciones y las masacres.
Organismos civiles con base en la Ciudad de México como el CDH Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Serapaz, Fundar, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, o la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, alzaron también su voz contra la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos.
Nada más injusto que acusar a los defensores civiles de guardar silencio ante las masacres. Por el contrario, uno de los eventos más emblemáticos de uso excesivo de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas, el caso Tlatlaya, se logró develar en buena medida porque se sumaron la persistencia de las víctimas, la investigación periodística independiente, y el trabajo de una organización civil como el Centro Prodh.
Injustas fueron también las descalificaciones contra ARTICLE19, que realiza una labor fundamental de acompañamiento a periodistas en riesgo, misma que ha realizado con idéntico rigor crítico ante cada uno de los gobiernos recientes. ARTICLE19 desarrolló la plataforma “Archivos de la represión” que permite conocer mejor el período de la Guerra Sucia; acompañó luchas de periodistas emblemáticas como Lydia Cacho o Pedro Canché; obtuvo victorias legales para regular la publicidad oficial y documentó -con R3D y Social Tic– el uso del software Pegasus contra activistas y periodistas.
Descalificar el trabajo de organismos de derechos humanos aludiendo a que reciben fondos del extranjero es un lugar común que supone desconocer cómo, en un mundo globalizado, la cooperación internacional es fundamental para el funcionamiento de las organizaciones civiles, sobre todo en contextos como el mexicano, donde el financiamiento público y privado es escaso o no asegura pleno respeto a la independencia técnica y política de dichas organizaciones. Además, en el presente implica pasar por alto que esa cooperación internacional apoya también esfuerzos estatales, como ocurre en el caso de México con este mismo gobierno federal.
Que se descalifique a las y los defensores civiles de derechos humanos no es nuevo. Sin ir más lejos, en el sexenio de Felipe Calderón, altos funcionarios señalaban que quienes denunciaban abusos militares eran los “tontos útiles” del narcotráfico. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se espió a activistas con Pegasus y cuando la trama fue denunciada se amagó con demandar a quienes lo hicieron. Lo que es nuevo, sin embargo, es que sea el propio presidente de la República, desde ese espacio sui generis que es su conferencia matutina, quien profiera estas descalificaciones.
Mucho se ha discutido en días recientes sobre los riesgos de este discurso y sobre cómo la retórica termina distrayendo la atención pública de los temas de fondo; en estos casos, la profundización de la militarización y las amenazas contra la libertad de expresión. Pero existe además un peligro adicional, pocas veces destacado: en esa variopinta coalición política que es el partido en el poder, donde lo mismo concurren personas con convicciones democráticas que oportunistas de pasado autoritario, el discurso presidencial contra los organismos civiles de defensa de derechos humanos puede volverse una licencia para que funcionarios federales de menor nivel o autoridades locales en municipios o estados, replicando esa lógica escalen hacia modalidades de animadversión que no sean sólo discursivas. Y eso, como la historia muestra, es peligroso.