Aún cuando se eliminaron mediante una adenda algunos aspectos preocupantes de la recién aprobada Ley Orgánica de la FGR, no estamos ante un avance que haya que festejar.
El pasado 17 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), una iniciativa que -desde su presentación en octubre de 2020- hizo sonar la alarma entre colectivos de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales como la ONU y la CIDH e incluso sectores del propio Gobierno Federal.
Publicado originalmente el día 23 de marzo de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La iniciativa, patrocinada por el partido Morena y avalada por la Fiscalía General de la República, planteó diversas modificaciones que echaban atrás los avances que actores plurales -víctimas, académicos, personas defensoras e incluso organismos internacionales- lograron conquistar en años pasados en el diseño de la institución federal. Sobre todo, llamó la atención cómo la propuesta, argumentando la nueva autonomía de la Fiscalía, buscaba que ésta se desmarcara de todos los mecanismos administrativos de coordinación en temas de derechos humanos.
Además, esta propuesta de reforma no estaba precedida por una evaluación amplia y participativa del funcionamiento de la FGR que buscara profundizar su transformación y avanzar en los temas más importantes para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; era más bien un guiño hacia el viejo y fallido modelo de la Procuraduría General de la República que tiene responsabilidad en la impunidad que hoy campea en el país.
Aun cuando las y los legisladores expresaron que se escuchó a la sociedad civil, el ejercicio que se denominó Parlamento Abierto estuvo lejos de cumplir los estándares de participación. Y aunque algunos de los contenidos más preocupantes de la propuesta de nueva legislación se eliminaron, de ninguna manera puede considerarse que con esta legislación estemos avanzando hacia el fortalecimiento de las fiscalías y las políticas criminales que un país con impunidad generalizada necesita.
Los promotores de la iniciativa resaltaron la introducción de un adendum que “atiende a los reclamos de los colectivos (de búsqueda de familiares desaparecidos)”, pero preocupaciones fundamentales subsisten.
Si bien es cierto que el citado adendum elimina la pretensión de que la FGR abandonara sus obligaciones en los mecanismos para investigar delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, que fue uno de los puntos más polémicos, otros retrocesos sí encontraron lugar en la nueva legislación.
Por ejemplo, la nueva ley profundiza la inercia de seguir entregando facultades de investigación a una institución de seguridad de configuración militarizada, como es la Guardia Nacional, aun cuando su marco legal está siendo revisado por la SCJN.
Además, se desdibujaron mecanismos de control y rendición de cuentas. Por ejemplo, se eliminaron los procedimientos de designación, así como sus principios rectores (transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, buena reputación) y, como ocurría en la anterior legislación, el Fiscal General tendrá la facultad de nombrar y remover libremente a los titulares de las fiscalías especializadas.
En cuanto a posibilidad de realizar investigación compleja y no fragmentada de fenómenos criminales, una necesidad de primer orden dentro de una realidad marcada por la expansión de la macrocriminalidad y marcada por varias recomendaciones de personas expertas internacionales, unidades como las de investigación de contexto quedaron acotadas.
En cuanto al derecho de las víctimas a participar activamente en las investigaciones, se eliminó la redacción detallada en la ley todavía vigente y solamente se incorporaron algunas fracciones que de manera general consideran su participación.
En suma, aún cuando se eliminaron mediante una adenda algunos aspectos preocupantes, no estamos ante un avance que haya que festejar. Y si bien en la Cámara de Diputados aún pueden revisarse los contenidos de lo aprobado, nada en la historia de esa legislatura hace pensar que esto ocurrirá. En justicia, por tanto, sigue la mirada hacia atrás sin asumir una visión de futuro que construya las fiscalías que México y las víctimas necesitan.