Sin dejar de destacar que lo fundamental es que el rescate va, las recientes acciones han levantado también diversas preocupaciones entre la mayoría de las familias y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.
El pasado viernes 23 de octubre, el presidente de la República, acompañado por la secretaria del Trabajo, la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos y Humanos y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, realizó una relevante visita a la mina Pasta de Conchos, en la que las y los funcionarios siguieron comprometiéndose a atender esta herida abierta.
Publicado originalmente el día 7 de noviembre de 2020, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Reforzar dicho compromiso públicamente, en la propia región carbonífera, tan lastimada por la desigualdad y la explotación, es sin duda importante. Desde que el 19 de febrero de 2006 quedaron sepultados 65 mineros -de los que los restos de 63 aún yacen en la mina-, ningún presidente de la República había acudido al lugar a solidarizarse con la región y a comprometerse con la reparación integral del daño.
Para las familias, lo fundamental es el rescate de los cuerpos. Se trata sin duda de una obra que tomará tiempo, pero al mismo tiempo es una deuda humanitaria que se ha postergado por mucho tiempo. Más aún, avanzar en su consecución podría implicar un mensaje contundente de separación entre el poder económico y el poder político, revirtiendo la simbiosis entre uno y otro que está detrás de la ineficacia de las inspecciones a las minas de carbón y de la negligente respuesta inicial al caso.
Sin dejar de destacar que lo fundamental es que el rescate va, las recientes acciones han levantado también diversas preocupaciones entre la mayoría de las familias y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan.
La primera sin duda tiene que ver con un entendimiento estrecho de parte de algunas autoridades de quiénes son víctimas en el caso, acotado a quienes detentan el carácter de cónyuges. Esta decisión, comprensible para algunos temas indemnizatorios, es injustificada respecto de limitar la participación en reuniones a familiares que conforme a los estándares internacionales y a la legislación nacional (Ley General de Víctimas) son también víctimas. Pensemos por ejemplo en personas como doña Trinidad Cantú, madre del minero fallecido Raúl Villasana Cantú, y por años uno de los rostros más emblemáticos de la digna resistencia de los familiares, quien por ser madre y no viuda no debería ser excluida del proceso como ya ocurrió el viernes. De seguir este proceso, lejos de fortalecer el tejido social, el avance de las acciones gubernamentales generará rupturas familiares y comunitarias.
La segunda tiene que ver con la relación entre este proceso interno y el litigio interamericano subsistente. Como es sabido, con el acompañamiento de la Organización Familia Pasta de Conchos y del Centro Prodh, un grupo importante de familias acudieron al Sistema Interamericano buscando ahí la justicia que en México se les negó. Haber impulsado esta acción fue clave para sostener la resistencia todos estos años, en espera de que la coyuntura política cambiara. En la CIDH, el caso ha sido ya admitido y su tramitación obliga a que se sigan las formalidades del proceso internacional, de suerte que, si el Estado busca resolver ese litigio a través de una solución amistosa con los familiares peticionarios, ese proceso se tendría que aceptar por esas familias y formalizar ante la CIDH mediante un acuerdo que cumpla los estándares interamericanos de reparación.
La tercera es la no repetición. El involucramiento de la Comisión Federal de Electricidad en las labores de rescate genera una situación paradójica: al tiempo que esta empresa paraestatal participa del rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, compra carbón a minas en la región que, pese al siniestro de 2006, no han adoptado medidas de previsión social y seguridad en el trabajo que aseguren que no ocurran accidentes similares en una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen, como lo es la minería de carbón. Esta situación debe cambiar y la CFE debe comprometerse con cuanto esté a su alcance para contribuir a mejorar la seguridad de los mineros en la zona.
Para enfrentar estas preocupaciones, es fundamental la participación de las familias y de las organizaciones que legítimamente les acompañan en su caminar desde hace casi 15 años. Sería un error para el proceso que, siguiendo la inercia que lamentablemente se ha instalado en algunas dependencias del gobierno federal, no se vea en estos esfuerzos de sociedad civil aliados relevantes.
El rescate va. Pero para que el proceso dignifique a la región y todas las familias, para que nunca más los trabajadores queden atrapados bajo el escombro de la corrupción y la negligencia, el proceso debe afinarse. Sería una pena que, como ya ha ocurrido en otros ámbitos, un avance importante se malogre por la operación de quienes deben concretar la voluntad política de ir hacia adelante.