El sexenio de Enrique Peña Nieto heredará una grave crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos. La masacre de Tlatlaya y la desaparición forzada masiva de normalistas de Ayotzinapa develaron el rostro interno del país.

Los escándalos de corrupción a los más altos niveles del Gobierno federal, así como las acusaciones en contra de más de una decena de gobernadores y ex gobernadores por malversación de fondos a gran escala, advierten cuatro componentes que deberán ser enfrentados por el nuevo gobierno.

Macrodelincuencia

Es decir, los profundos vínculos entre el poder político y el crimen organizado que afectan a amplias parcelas de la economía formal y cotidiana y de la vida política. El Estado ha actuado por acción, omisión, contubernio y conformidad. Esto ha llevado a que México sea el segundo país con más muertes violentas en el mundo y a que ocupe el lugar 140 de 163 países en el Índice de Paz Global 2018 del Institute for Economics and Peace.

Corrupción

Fuerzas de seguridad, partidos políticos, poder legislativo, poder judicial y funcionarios, además de empresarios, participan de un sistema de corrupción política y económica que permea a todas las instituciones. Por lo menos el 90% de los delitos no se denuncian principalmente por desconfianza en las autoridades. Según Transparencia Internacional, México ocupó el puesto 135 de las 180 naciones evaluadas.

Graves violaciones a derechos humanos

Desapariciones, tortura y ejecuciones. 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas: hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 homicidios violentos. La cifra supera los cometidos en todo 2011, cuando se intensificó la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. También, hasta abril de 2018 se contaban 37 mil expedientes de personas desaparecidas.

Impunidad

México ocupa el lugar 66 de 69 países en el combate contra la impunidad; es decir, es el cuarto país con mayores índices de impunidad. Ya para ese año, nuestro país lideró la lista de naciones en América Latina con el más alto índice.

Las fallas institucionales de este sexenio han sido señaladas en repetidas ocasiones por instancias internacionales.