La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. El saldo fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje deshabitado con claras muestras de tortura, y al menos 40 personas lesionadas. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
Después de la conmoción inicial, Ayotzinapa obligó al mundo a ver y aceptar que en México se estaba desarrollando una grave crisis de derechos humanos, que tiene como característica particular una significativa colusión entre actores estatales y no estatales en esquemas de criminalidad organizada. El también llamado “Caso Iguala” se convirtió en un acontecimiento doloroso y paradigmático, en el que el número de víctimas, la flagrante connivencia entre autoridades instituidas y grupos delincuenciales, la inmediata documentación de lo ocurrido por organizaciones de derechos humanos, la arraigada tradición de lucha social en el estado de Guerrero y en la Normal de Ayotzinapa, la pronta internacionalización de algunas aristas de la búsqueda de justicia, la identidad estudiantil de los desaparecidos y, sobre todo, la fuerza organizativa y moral de los padres y las madres de los desaparecidos, hicieron que el impacto en la conciencia pública nacional e internacional fuera inmenso.
En medio del dolor, madres, padres, hermanas, tíos, hijas y abuelos de los normalistas han emprendido una diversidad de iniciativas para mantener viva la búsqueda de los jóvenes y la exigencia de justicia. Una de ellas fue la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó más de un año en nuestro país. Si bien el bloqueo al trabajo del GIEI no permitió que este mecanismo tuviera un desenlace de justicia, verdad y cambio estructural, lo cierto es que los aportes que ha dejado este ejercicio inédito de supervisión internacional han sido de gran relevancia no sólo para hacer que la verdad del caso no fuese enterrada: también marcaron con claridad una ruta que nos puede permitir dar los primeros pasos para salir de la grave crisis que llevó a que sucedieran los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y posteriormente tantos más.
En este número de DeFondho presentamos lo que, desde nuestra perspectiva, son los principales aportes de esta experiencia, tanto al caso como estructurales; también podrán leer, desde la propia voz de integrantes del GIEI, los problemas de la investigación y los retos para poner a las víctimas en el centro. Y sobre todo, esperamos aportar a un debate en curso sobre la ruptura de los ciclos de impunidad que a todos lastiman.