Autor:.Natalia Gómez
Fuente: El Universal
Fecha : 13 de Agosto de 2016
El campesino y defensor ambientalista Ildefonso Zamora Baldomero fue liberado anoche luego de nueve meses preso en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, acusado de robo a casa-habitación con violencia, que no le fue comprobado.
A su salida del centro de reclusión, Zamora agradeció a las organizaciones que lo apoyaron y a su familia: «Gracias por este apoyo, por el recibimiento a mi salida de este penal. Agradezco infinitamente todo el apoyo al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, a Greenpeace, a Amnistía Internacional, al Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a toda la gente, a mi pueblo, a toda mi familia, muchísimas gracias (…). Quizá no tenga todas las palabras adecuadas y precisas por lo pronto, pero muchísimas gracias a todos».
Las organizaciones referidas destacaron que «saludan la decisión del Juzgado Quinto de Amparo por liberar a Ildefonso Zamora, defensor indígena ambientalista».
Resaltaron que «el defensor fue liberado hoy [ayer], a nueve meses de injusticia por defender los bosques, luego de que fuera privado de su libertad desde el 20 de noviembre de 2015».
Ese día, Ildefonso se encontraba en su oficina del Palacio Municipal, donde ejercía funciones como regidor de Turismo y Medio Ambiente. Aproximadamente a las 12:50 horas fue detenido por policías ministeriales.
De acuerdo con las declaraciones de la ofendida, Felícitas Germán Sánchez, y la testigo presencial, la tarde del 11 de julio de 2012, un grupo de personas de la comunidad de San Juan Atzingo, de donde es originario Ildefonso, se encontraba fuera del domicilio de Felícitas gritando que abrieran la puerta.
El relato de las denunciantes no refiere cómo entraron algunas de las personas a la casa, pero narra supuestamente que una vez que ingresaron comenzaron a dañar muebles, entre otras cosas, y que se dedicaron a destruir los vehículos de su propiedad, por lo que al ver la «agresividad» de ese grupo, los habitantes de la casa decidieron huir.
Dos días después de los hechos, la dueña del inmueble donde ocurrió el supuesto robo interpuso una querella ante el agente del Ministerio Público por el delito de allanamiento de morada en contra de más de 10 personas, entre ellas Idelfonso Zamora.
Testimonios «fabricados». Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuyos abogados han llevado la defensa del ambientalista, la acusación del Ministerio Público de Tenancingo se apoya en testimonios fabricados y en actuaciones ministeriales arbitrarias.
Señalaron que se trató de un proceso lleno de irregularidades, entre las que destaca que se violentó gravemente su derecho de audiencia y a una defensa adecuada, al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra, de lo cual se enteró hasta después de haber sido detenido. Por ello, Ildefonso no tuvo oportunidad de demostrar que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar.
Además de que no se comprobaron los hechos en su contra, el día del supuesto robo Ildefonso se encontraba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público, y de ello dan cuenta testigos que lo acompañaron. Sólo un policía municipal aseguró haberlo visto en el lugar donde se cometió el delito.
La versión que proporcionó la familia Zamora sobre estos hechos refirió que el allanamiento fue incitado por el homicidio de Luis Enrique Magdaleno Gómez ese mismo día, 11 de julio de 2012, en el cual estuvieron implicados el hijo, el yerno y algunos empleados de la señora Felícitas.
Por lo que horas después, familiares y conocidos del Luis Enrique Magdaleno acudieron al domicilio de Felicitas en busca de las tres personas que se encontraban relacionadas con el asesinato, pero al no encontrarlas se metieron a la casa y comenzaron a hacer destrozos como forma de venganza ante lo sucedido. No obstante, no había una finalidad de robo.
La familia Zamora y las personas solidarias que apoyan a Ildefonso señalaron que el Ministerio Público de Tenancingo siempre actuó en complicidad con el grupo de talamontes y caciques del pueblo, por lo que esta es una agresión que se sumó a los diversos intentos por usar el sistema de justicia penal en contra de integrantes de la familia para frenar su labor como defensores de los bosques.
Esta versión, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se sostuvo a partir de las inconsistencias de los testimonios de cargo y de los incidentes de seguridad que la familia Zamora ha vivido por parte de agentes del Estado.