AUTOR: Esteban Hernández
FUENTE: Uno más uno
FECHA: 20 de julio de 2016
- Caso Tlatlaya, continúa impune
- A dos años de la ejecución en que militares fusilaron a 11 en una bodega, los soldados «absueltos», «inocentes» pagan culpas ajenas
- José Manzur «se cura en salud»
A dos años de la matanza en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y luego de la publicación de un informe por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2014, él 30 de junio de ese mismo año, militares fusilaron a 22 personas halladas en el suelo de una bodega en esa localidad. La versión del gobierno estatal y Federal apuntaba a que las 22 personas habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del castrenses.
La CNDH pudo comprobar que la escena del crimen fue alterada, el reporte apunta que «con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento», no fue posible establecer «precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas».
En el informe elaborado por el Centro Pro de Derechos Humanos, en julio de 2015, se detalla la orden expresa y por escrito que tenían los militares de «abatir a delincuentes en horas de oscuridad». Esta investigación cuenta con una orden recibida del teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VE se lee: «Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario».
Sin embargo, pretendiendo que se tome como «justicia» contra los asesinatos, el gobierno del Estado de México, dio a conocer que ha sancionado a 30 funcionarios de la nueva Fiscalía General mexiquense, con destituciones y suspensiones, pero todos de la antes PGJEM.
«En los 30 casos hay algún tipo de sanción, 7 u 8 destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya fiincionarios de la Procuraduría que fueron, en algún momento, acusados de algo y ya el Igispem manifestó las primeras 30 sanciones», dijo el secretario general del Gobierno estatal, José Manzur Quiroga quien, sabía perfectamente lo que pasaría en aquélla región y sin embargo «se hizo de la vista gorda» porque así se lo «ordenó» un mando militar.
Manzur Quiroga detalla que dichas sanciones fueron emitidas por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem), sanciones que ocurren a cuatro me-ses de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió formalmente a la Procura-duría General de la República (PGR) aportar nuevas pruebas que fortalezcan su acusación en contra de los tres militares acusados de ejecución extrajudicial en Tlatlaya.
Antes de la petición de la CNDH, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, detenidos por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.
Con esa resolución, los siete militares contra los que la PGR ejerció acción penal en el caso quedaron absueltos, así como el propio secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga quien se lava las manos dejando en manos «de la justicia federal» esta resolución que, para nada, se apetece como un hecho de justicia contra los fusilados.
Sanciones por caso Tlatlaya A más de dos años después del crimen, el gobierno del Estado de México concluyó las investigaciones de 30, de 52 funcionarios públicos, por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su participación en las indagatorias por caso Tlatlaya.
Son 16 organizaciones defensoras de derechos humanos que lamentan que este caso se mantenga en la impunidad, que nadie haya ido a la cárcel por él y les exigieron a las autoridades realizar una mejor investigación.
Del total de los funcionarios ocho serán destituidos mientras que el resto serán suspendidos para laborar en un puesto público por cinco años.
El gobierno del Estado de México hizo públicas ayer las sanciones a 30 funcionarios estatales -nueve de los cuales fueron destituidos- por no actuar correctamente en el caso Tlatlaya, en el que 22 supuestos criminales murieron a manos del Ejército en 2014.
Más de 50 funcionarios de esta región aledaña a la capital, estaban bajo investigación por supuestos abusos o encubrimiento de lo ocurrido en una bodega de Tlatlaya donde, según el ombudsman mexicano, militares fusilaron extrajudicialmente al menos a una docena de presuntos delincuentes después de que se hubieran rendido.
Israel Montoya, encargado del departamento de Auditoría Interna del Estado de México, informó que los sancionados son miembros de la Fiscalía estatal, y entre ellos hay algunos elementos de mando, policías investigadores y peritos en criminalística, medicina forense y fotografía.
Se les acusa de omisiones en el cumplimiento de sus funciones.