Organizaciones civiles de derechos se pronuncian en torno a la recomendación 7/2013 de la CDHDF a propósito de los hechos del 1 de diciembre de 2012

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• OSC hacen evidente la recurrente criminalización de la protesta social

• Exigen al Gobierno del Distrito Federal acepte en sus términos la Recomendación 7/2013

 

Organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos dado seguimiento puntual a los casos de violaciones graves a derechos humanos de personas que se manifestaron en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado primero de diciembre de 2012. Asimismo, en meses anteriores reactivamos la Campaña Protestar es un Derecho, Reprimir es un Delito, la cual pretende denunciar y evidenciar la grave criminalización de la protesta social tanto en el Distrito Federal como en el resto de la República. Todo esto ante los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas y grupos que se organizan para defender su dignidad, manifestar y expresar libremente sus ideas.

Hacemos explícita nuestra total reprobación a las violaciones al derecho a la protesta social, así como a la ininterrumpida criminalización de movimientos sociales, y a las reiteradas agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos debido a su actividad de defensa.

Reconocemos que no se trata solamente de los hechos del 1 de diciembre, sino de la constante y sistemática criminalización de la protesta. Hemos sostenido en repetidas ocasiones que la protesta es un ejercicio político por excelencia, por ello como organizaciones, grupos organizados y como ciudadanas y ciudadanos no podemos permitir que nuestro actuar público y nuestro legítimo derecho a la libertad de expresión y manifestación se vea limitado. No aceptamos un retroceso en las garantías de nuestros derechos. Por el contrario, los gobiernos en turno deben cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan o transitan en sus jurisdicciones.

Toda autoridad debe saber que la protesta social alcanzó nivel de inmunidad en el Artículo 1º Constitucional, con la Reforma de derechos humanos que el propio Congreso de la Unión aprobó en 2011, y que al invocar los tratados internacionales tomen en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación”. (Folleto Campaña de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” página 9, disponible en: http://www.redtdt.org.mx/d_campanas/protestar_es_un_derecho/protestar_es_un_derecho.php)

El derecho a la manifestación y protesta pacífica es un derecho humano reconocido a nivel internacional. La Declaración sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, emitida por la ONU, menciona claramente en su artículo 5º, inciso a), el derecho a la manifestación social, es decir, a la protesta. Este derecho se basa en el reconocimiento y protección de una serie de derechos, e incluye las libertades de expresión y opinión, así como la libertad de asociación, y la libertad de reunión pacífica, tal como se menciona en los informes sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que la ONU ha presentado (A/62/225, párr. 12), y en el comentario a la Declaración sobre Defensoras y Defensores que realizó la señora Margaret Sekeggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.

Resulta de preocupación la creación de nuevos instrumentos que hacen que la criminalización de la protesta social se torne más grave mediante la implementación de instrumentos que impiden el ejercicio de la participación ciudadana. Por ejemplo, el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el control de multitudes, publicado el pasado 25 de marzo en la Gaceta Oficial, el cual es violatorio de derechos humanos de las y los capitalinos. Al mismo tiempo, preocupa que distintas instancias del Gobierno de la ciudad continúe rechazando recomendaciones de la CDHDF en lo que concierne a graves violaciones de los derechos humanos.

Consideramos importante resaltar que el hecho de fotografiar o filmar es parte del derecho a la libertad de expresión, reconocido por el artículo 19 de la Declaración de Derechos humanos, por los artículos 6 y 7 de la Constitución y por tratados internacionales de los que México es parte, como lo señaló la Corte IDH en el caso Fontevecchia y D’amico párrafo 67.

Las interferencias al derecho a filmar o fotografiar poseen un estándar más alto cuando se trata de funcionarios públicos y de asuntos de interés público. En un operativo policiaco se dan las dos. Son funcionarios públicos y su actuación es de interés público, por lo que el derecho a filmar debe ser protegido.

El filmar las actuaciones de la policía realizando detenciones ha servido para documentar abusos y en ocasiones puede ser un factor disuasivo. Sin embargo, si la policía arbitrariamente detiene a quienes filman, además de la violación específica a los derechos humanos, genera un efecto de temor que inhibe esa práctica.

También pedimos la eliminación del uso de armas y artefactos “menos letales” en manifestaciones en México y el mundo. Más información de la campaña (http://chn.ge/150MUqh)

Tenemos evidencia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los actos del 1 de diciembre. La Recomendación 07/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF no deja duda de que diversos órganos del gobierno local tienen responsabilidad en las violaciones a los derechos a la seguridad, libertad e integridad personal y de libre manifestación de las ideas cometidas contra personas que se expresaban o se encontraban en las inmediaciones del lugar.

Por ello, reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con todas y todos aquellos jóvenes que están haciendo valer sus derechos, tales como el de organización, libre manifestación de ideas y protesta pacífica. Asimismo, nos sumamos a la tarea de erradicar la estigmatización y criminalización de la que son objeto.

Por todo lo anterior, exigimos:

Que el Gobierno del Distrito Federal acepte y cumpla en todos sus términos la Recomendación 07/2013 emitida por la CDHDF

Que las autoridades involucradas acepten su responsabilidad mediante un acto público de reconocimiento

Que el GDF, el gobierno federal, y gobiernos locales se abstengan de emitir normativas violatorias de derechos humanos, y se apeguen a los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las personas que habitan o transitan por sus jurisdicciones.

Atentamente

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Comité Jurídico de Derechos Humanos YoSoy132.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,

“Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Propuesta Cívica A.C.

También les invitamos a firmar la petición en CHANGE.ORG (http://www.change.org/1DMX) para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que acepte la Recomendación 07/2013 de la CDHDF sobre lo sucedido el 1° de Diciembre de 2012.


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2013-04-12T00:26:18+00:00abril 12th, 2013|