- Resolución, buena señal por parte del Poder Judicial. Es su responsabilidad garantizar el debido proceso de todas y todos los imputados por estos hechos.
- Autoridades federales y del GDF, obligadas a investigar a fondo abusos policiacos, incluyendo toda la cadena de mando. Responsables deben ser sancionados.
Desvanecimiento de pruebas demuestra intencionalidad política de operativos.
Ante el operativo policiaco llevado a cabo el pasado 1 de diciembre para replegar las manifestaciones contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la república y las posteriores detenciones arbitrarias de decenas de personas en el Centro Histórico de la ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llama a las organizaciones de la sociedad civil y ONG a mantenerse alertas para evitar más violaciones a los derechos humanos así como a solidarizarse con las 14 personas que aún están detenidas de otras organizaciones y colectivos en defensa de derechos humanos a solidarizarse.
Los hechos acontecidos a lo largo de la jornada del día 1 de diciembre y las acciones realizadas por parte de los cuerpos de seguridad federales y de distintos estados de la república constituyen un fuerte llamado de atención a la sociedad mexicana dada la gravedad de los mismos, por eso consideramos que es primordial seguir documentando eficazmente las denuncias y testimonios de los ciudadanos afectados.
Asimismo expresamos nuestra satisfacción por la liberación de un número importante de participantes en las protestas de la jornada del 1 de diciembre. La resolución en este sentido dictada por la Jueza 47 de lo penal en el Reclusorio Norte, María del Carmen Patricia Mora Brito, es una buena señal por parte del poder judicial para garantizar el debido proceso de la totalidad de los imputados. Sin embargo, consideramos que ello no es suficiente.
Todos los implicados en los hechos deben deslindar sus responsabilidades en el marco del debido proceso. Eso incluye desde los cuerpos policiacos federales y del Distrito Federal, hasta la Jefatura de Gobierno del DF (en ese momento todavía a cargo de Marcelo Ebrard), así como a los responsables operativos y políticos por parte de la administración federal entrante encabezada por Enrique Peña Nieto.
La protesta social es un derecho que no debe de ser coartado y que sólo bajará su intensidad en la medida en que el Estado mexicano demuestre en su conjunto que respeta las leyes que le dan origen y que basa su funcionamiento estrictamente en ellas, como corresponde a un Estado democrático de derecho.
Durante esta semana hemos constatado múltiples abusos en las detenciones de las y los manifestantes. Hay casos registrados de personas heridas por el arsenal de las fuerzas policíacas en los diferentes enfrentamientos para disolver y dispersar las manifestaciones. Es fundamental recordar que las acciones estatales deben guairse en todo momento por protocolos de uso proporcional de la fuerza que fueron claramente rebasados con la finalidad aparente de reprimir no sólo la comisión de delitos, sino el legítimo derecho a la protesta social que poseemos todas y todos los ciudadanos de este país.
Entre los casos más graves que hemos podido conocer están los de Francisco Kuykendall, Uriel Sandoval y Carlos Valdivia, quienes resultaron gravemente heridos, pero existen muchos otros casos de heridos graves, detenciones arbitrarias, así como de abusos contra los manifestantes, especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara, que están en proceso de documentación. Esta situación se agrava con la decisión anunciada por parte del Gobierno del Distrito Federal de fincarles cargos graves por por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, el cual puede alcanzar una pena de cinco hasta 30 años de prisión.
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, las organizaciones sociales emitieron un comunicado urgente denunciando 24 detenciones, así como 40 manifestantes heridos, incluso, algunos jóvenes fueron detenidos horas después de dispersada la manifestación. En este caso se destaca por parte de las organizaciones civiles la presencia de presuntos agentes encubiertos y elementos de seguridad privada de la Feria Internacional del Libro quienes lanzaron piedras y botellas a los manifestantes con la finalidad de provocarlos.