Resuelven amparo de Alfredo Chávez, mexiquense sentenciado injustamente

 

México, D.F. a 1 de febrero de 2012

 

Boletín de Prensa

 

  • Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca contribuyen a rectificar las violaciones sistemáticas a derechos humanos en el aparato de procuración y administración de justicia del Estado de México.

 

Alfredo Chávez Pérez, de 32 años de edad, fue detenido arbitrariamente por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México, quienes le fabricaron pruebas para inculparlo por el delito de robo de auto.

Desde el momento de su detención, Alfredo fue víctima de violaciones al debido proceso; además, no contó con una defensoría pública adecuada. El 17 de noviembre de 2010 Alfredo fue sentenciado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia, quien ante la falta de pruebas fehacientes aplicó indebidamente el principio de “inmediatez procesal” y dio validez al testimonio de la víctima, a pesar de que ésta, ante el juez, declaró no reconocerlo plenamente.

Posteriormente el 31 de enero de 2011 la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, confirmó la sentencia. Este caso fue documentado por el Centro Prodh en el Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005-2011: La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado, presentado en septiembre de 2011, como una muestra de los patrones de criminalización de la pobreza, detención arbitraria y abusos policíacos para realizar acusaciones falsas, ausencia de controles judiciales de legalidad y debido proceso, violación de derechos humanos y reclusión injusta, entre otras deficiencias estructurales del aparato de Procuración y Administración de Justicia en la entidad.

Ante ello el 23 de agosto del 2011, con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la familia de Alfredo Chávez interpuso un amparo directo contra esta resolución como último recurso legal para recuperar su libertad.

El caso de Alfredo Chávez Pérez es similar a la experiencia sufrida por Víctor Chávez de la Torre, también documentado en el Informe sobre el Estado de México, quien fuera condenado injustamente bajo las mismas circunstancias y de cuyo caso conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre del año pasado. Ambos reflejan la falta de justicia en los actuales procesos penales y la urgente necesidad de reformular los criterios con los que jueces y magistrados de apelación validan las pruebas y condenan a personas de grupos sociales en condición de vulnerabilidad.

En este sentido, cabe reconocer la actuación de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, integrado por Antonio Legorreta Segundo, Mauricio Torres Martínez y Rubén Arturo Sánchez Valencia, fungiendo éste último como poniente del proyecto en al amparo directo 205/2011. El amparo fue concedido de manera lisa y llana debido a la insuficiencia de pruebas por lo que la liberación de Alfredo Chávez se realiza de manera inmediata. Sin duda, su resolución es importante porque contribuirá a rectificar los errores cometidos por el aparato de procuración y administración de justicia en un contexto como el del Estado de México, en el que la discriminación, la fabricación del delito y la criminalización de la pobreza son prácticas sistemáticas.

Finalmente, desde el Centro Prodh recordamos que aún están pendientes de resolver los casos de Luis Manuel Vargas Castillo, también encarcelado injustamente y cuyo proceso se encuentra actualmente en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal. Por otro lado, se encuentra el caso de Hugo Sánchez Ramírez, que atraído por la SCJN, puede sentar criterios que limiten la discrecionalidad de los cuerpos policiacos, la fabricación de delitos, la criminalización de la pobreza y garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.

2012-02-03T19:13:10+00:00febrero 3rd, 2012|