Chetumal, Quintana Roo

  • La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Quintana Roo, Magistrada Lizbeth Loy Song Encalada señaló que no podría intervenir en el asunto pero hará un llamado a los magistrados del ramo penal a realizar un estudio minucioso del caso y resolver conforme a derecho.
  • Las organizaciones insistimos en que, después de un estudio jurídico minucioso del expediente que obra en nuestro poder, no existe evidencia alguna que sustente la acusación en contra de Basilia.

El día de hoy la Licenciada Jaqueline Sáenz Andujo, y el Licenciado Jorge Fernández Mendiburu, representantes del Centro Prodh e Indignación, respectivamente, y defensores de Basilia Ucan Nah, se reunieron con la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Quintana Roo, Magistrada Lizbeth Loy Song Encalada, con la finalidad de exponer su preocupación en el caso de la señora Basilia Ucan Nah, mujer indígena maya quien desde el 18 de marzo de 2008 se encuentra en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto y ha enfrentado un juicio injusto.

 

Una vez que las organizaciones manifestamos las irregularidades del proceso y las graves violaciones a los derechos humanos, la magistrada presidenta adujo que por respeto a la independencia judicial no podría intervenir en el asunto pero haría un llamado a los magistrados del ramo penal a realizar un estudio minucioso del caso y resolvieran conforme a derecho. Asimismo, las organizaciones solicitaron que se respetara plenamente el plazo legal de diez días que fija el Código de Procedimientos Penal de Quintana Roo para que se resuelva el asunto con la finalidad de que se respeten íntegramente los derechos de la hoy sentenciada Basilia Ucan Nah; dicha preocupación tiene su fundamento en el serio rezago que existe en el poder judicial y la dilación de justicia que enfrentan los procesados.

Por otra parte, en declaraciones realizadas el día de hoy 10 de febrero a medios de comunicación nacionales, el Procurador General de Justicia del estado de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada señaló que, según informes de la Subprocuradora regional de Felipe Carrillo Puerto, existían elementos para consignar el expediente, pues eran cuando menos tres las imputaciones realizadas por  menores de edad que señalaban a Basilia como partícipe del delito de corrupción de menores y lenocinio, afirmación que es inexacta pues de la causa penal 173/2007 radicada en el Juzgado de Felipe Carrillo se deriva que fueron dos las víctimas del delito y la única imputación directa realizada por una de ellas fue desvirtuada durante el proceso penal, pues dicha adolescente durante su comparecencia ante el juez de la Causa se retractó de la acusación, e incluso señaló que fue coaccionada por la Policía Judicial para firmar una declaración que no había realizado. En esa tesitura insistimos en que, después de un estudio jurídico minucioso del expediente que obra en nuestro poder, no existe evidencia alguna que sustente la acusación en contra de Basilia.

Finalmente, como organizaciones de derechos humanos insistimos en que si bien lo prioritario es la liberación de Basilia por las flagrantes violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, también lo es que, tanto la Procuraduría como el Tribunal Superior de Justicia, tienen la obligación de investigar la actuación de los servidores públicos que han cometido estas violaciones a derechos humanos en perjuicio de Basilia Ucan.