El contraste entre avances y retrocesos ha sido el rasgo del año 2010 en materia de derechos humanos. Durante estos meses las organizaciones civiles de diversas regiones del país han denunciado con insistencia hechos violatorios de derechos humanos.
Algunas veces las denuncias han girado en torno a los abusos cometidos por militares y policías contra la población civil, afectada previamente por la impunidad y la violencia con que actúa el crimen organizado, derivados de una errónea estrategia de seguridad. Otras denuncias tienen su eje en la demanda inatendida de que cese la arbitrariedad en la aprobación de magnas obras de infraestructura proyectadas sin ofrecer ninguna información a los afectados y sin una consulta precedente; se articula también en el reclamo de derechos colectivos frente a empresas que con total arbitrariedad causan afectaciones al ambiente y a los modos de vida por la extracción de bienes naturales, frecuentemente bajo la mirada complaciente de las autoridades que impulsan un modelo económico de corte extractivista.
Otra línea de articulación consiste en el señalamiento de las deficiencias que caracterizan al sistema de administración y procuración de justicia —federal y de los estados— marcado aún con los rasgos de su pasado autoritario. Casos muy publicitados dieron pie para señalar que tenemos un arcaico sistema penal que resulta completamente ineficiente para contener la delincuencia, aunque resulta muy útil para disuadir o castigar a los disidentes y a quienes se organizan para exigir sus derechos. Finalmente, demandas de sectores específicos se han ido abriendo paso y son ya referentes imprescindibles para la construcción de una sociedad democrática y plural, por ejemplo movimientos que reivindican derechos de indígenas, de migrantes y de las mujeres.
El gobierno mexicano ha mantenido invariable su política en materia de derechos humanos: protagonismo internacional y escasa y deficiente preocupación por el tema al interior del país. Prácticamente la totalidad de los instrumentos universal y regional de derechos humanos han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, con algunas reservas en casos específicos. El próximo 23 de diciembre entrará en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento que ya ha sido firmado y ratificado por México. Debe reconocerse que el activismo mexicano en estos ámbitos favorece la creación de condiciones para erradicar prácticas lesivas de la dignidad humana.
Pero no basta. Es necesario que estas intenciones se traduzcan en mecanismos y prácticas eficientes que tengan la legitimidad necesaria para impulsar condiciones que hagan posible garantizar y respetar los derechos humanos, especialmente de colectivos excluidos, en el país. La participación activa de México en los foros internacionales debe también traducirse en el acatamiento, sin interpretaciones restrictivas y sin dilación, de las resoluciones de carácter vinculante y en la atención responsable a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. La inminente publicación de la sentencia por el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero constituirá una oportunidad valiosa para expresar este compromiso.
Afortunadamente, en 2010 la misma sociedad ha ido explorando y encontrando caminos para construir una sociedad digna y justa —democrática por lo tanto— con sustento en una cultura de derechos humanos. Pese a que las amenazas y agresiones contra defensoras y defensores han incrementado hay una articulación creciente entre las organizaciones civiles para exigir condiciones aptas para la defensa —colectiva o personal— de cualquiera de los derechos humanos.
En cuanto a la participación, la conjunción de las acciones realizadas por organizaciones de derechos humanos y el activismo de diversos sectores sociales se concretó en acciones exitosas que representan avances en el largo camino hacia la consecución de transformaciones estructurales. Es un camino que debe seguirse explorando hacia el futuro. En la medida en que la sociedad asuma una cultura de derechos humanos estaremos alejándonos del autoritarismo que aún permea nuestra cultura política.
El 2011 será un año en el que las preocupaciones electorales dejarán poco espacio para otros temas. Corresponde a la sociedad en su conjunto presionar para que la agenda de derechos humanos ocupe un lugar relevante en las propuestas que comenzarán a construirse.