Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta deseamos precisar nuestra postura con respecto a las afirmaciones del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, difundidas el día de hoy en los medios de comunicación y manifestar nuestra disposición a impulsar el diálogo.
Como organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por la forma en que se ha desarrollado el proyecto de construcción de la Supervía Poniente y por la manera en que el gobierno ha actuado con relación a las demandas de los vecinos afectados.
Deseamos enfatizar que no estamos en contra de las funciones de seguridad pública que corresponden al Estado, sin embargo no compartimos la afirmación del Jefe de Gobierno por la que pretende hacernos responsables de confundir vigilancia con provocación. Las organizaciones de la sociedad civil no estamos en contra de la seguridad pública, pero sí de la utilización de la fuerza pública para resguardo de las empresas privadas que pretenden realizar las obras de este megaproyecto.
Es notorio que desde el día 30 de octubre se efectuó un despliegue policial desproporcionado con cientos de efectivos concentrados en tres puntos cercanos al plantón pacífico de resistencia sostenido por los vecinos afectados. Consideramos excesivo el empleo de cientos de granaderos para la “realización de un estudio de mecánica de suelos”, según lo expresó públicamente a manera de justificación el secretario de gobierno José Ángel Ávila. Sin soslayar las versiones públicas que circularon el 31 de octubre (Milenio, Excélsior), en las que se daba por hecho el desalojo del plantón y se informaba que el gobierno “había tomado posesión de los predios expropiados”, aunado al hecho de que no se mencionara que el objetivo de la incursión policial era la realización de estudios, es factible concluir que el gobierno sí tuvo la intención de realizar una ocupación.
Además de permanecer desde aquel día en la avenida Luis Cabrera y en la zona del parque de la Loma, la presencia de elementos policiales ha aumentado y han sido cerrados los accesos a dicho parque mediante la colocación de malla ciclónica en sus alrededores.
Las muestras de preocupación de las organizaciones son legítimas y atienden a hechos objetivos que se apegan a la verdad. Las denuncias de agresión y de intimidación están basadas en el actuar desmedido de la fuerza pública, como aconteció el pasado 20 de octubre cuando una manifestación pacífica fue reprimida. Cabe destacar que esta manifestación tuvo como origen la agresión de trabajadores de las empresas privadas el 19 de octubre, en presencia de servidores públicos, contra los vecinos. Fueron estos los agredidos no los trabajadores, como lo ha sostenido usted. Los actos de la policía dejaron un saldo de 15 personas lesionadas, principalmente mujeres. Estos hechos contradicen la afirmación de que se ha actuado con “prudencia en extremo” y de que no ha habido actos de agresión ni provocación de parte de integrantes de su gobierno, ya sea de manera directa o con la aquiescencia de los servidores públicos adscritos al Gobierno del Distrito Federal.
Contrario a lo sostenido por usted, los vecinos no han impedido la entrada a los predios expropiados y el plantón se encuentra fuera de ellos. Los vecinos se han limitado a exigir a las empresas que acrediten fehacientemente contar con los permisos necesarios para realizar cualquier trabajo en la zona. Los representantes de las empresas han salido de la zona al no poder demostrar que satisfacen las exigencias legales para ejecutar una obra de esta magnitud.
Otro punto a destacar es que el proceso se ha conducido con extrema opacidad. El 22 de abril de 2008 fue anunciado públicamente por usted (La Jornada), sin embargo la información sobre éste fue puesta a disposición de la ciudadanía hasta el 20 de julio de 2010.
Estas situaciones objetivas nos preocupan sobremanera. Evidencian la falta de disposición para el diálogo y el encuentro de consensos. Muestran también la pertinacia inexplicable en la realización de un proyecto que ha sido descalificado por académicos y expertos técnicos y científicos por carecer de argumentos ecológicos, sociales, urbanos y jurídicos que justifiquen su realización; máxime cuando se han presentado alternativas que garantizan la sustentabilidad ambiental de la Ciudad.
Por último, no está de más compartir con usted que, como defensores y defensoras de los derechos humanos, nos interesa que la labor gubernamental se realice de forma transparente y abierta a la ciudadanía, atendiendo a todos los sectores sociales y anteponiendo el interés general a cualquier interés de grupo; haciendo valer los más altos estándares de derechos humanos que han sido impulsados en los últimos años en la Ciudad de México. Estamos ciertos de que ésa es la premisa que rige su actuar cotidiano.
En este sentido, refrendamos nuestra disposición a integrar la Comisión Plural propuesta por el Frente Amplio. Consideramos que este mecanismo podría impulsar acuerdos y acciones que favorezcan la resolución fundada en el diálogo, el consenso y la verdad.