El día de hoy, varias organizaciones mexicanas estarán presentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para externar, en audiencia temática, sus preocupaciones sobre la situación de periodistas y defensores de derechos humanos. Se ha hecho cada vez más frecuente la denuncia de un clima adverso para el desempeño de ambas actividades en el país. Éstas han adquirido mayor intensidad en el marco de la actual política de seguridad impulsada por el gobierno federal.
La representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha recogido y sistematizado en un informe, las agresiones experimentadas por defensoras y defensores de derechos humanos en el país. El balance no es alentador y de su lectura puede concluirse la falta de compromiso gubernamental con respecto a uno de los pilares del orden democrático. Organizaciones enfocadas a la defensa de la libertad de expresión han mostrado en informes recientes la gravedad de las amenazas y de las agresiones contra periodistas en el desempeño de su labor. El dramático reflejo de estas adversidades lo hemos encontrado en las páginas de El Diario de Ciudad Juárez, uno de cuyos colaboradores fue asesinado recientemente.
En la misma línea, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha retomado en su informe 2010, La perseverancia del testimonio, los hechos que dan cuenta de una época difícil para los defensores en diversos ámbitos. Han sido víctimas de hostigamiento y agresiones durante 2009, periodistas, activistas sociales, defensores de derechos indígenas, opositores a la actividad de empresas que provocan enormes daños ambientales, denunciantes de las deficiencias del sistema de justicia y personas que han señalado con precisión los efectos adversos de la participación militar en tareas de seguridad pública o la complicidad entre autoridades y delincuentes en el caso de los abusos contra migrantes en tránsito por el país.
Pese al invaluable aporte de las defensoras, defensores y periodistas para la consolidación de la democracia, el Estado mismo ha contribuido a denostar su oficio. Han sido notables las invectivas dirigidas desde el Ejecutivo contra quienes han indicado con insistencia los puntos débiles de las actuales políticas gubernamentales, en especial los aspectos que implican riesgos para el respeto a los derechos humanos.
Ante el desempeño tenaz y comprometido de defensoras y defensores, el Estado suele recurrir, sin entender que la disidencia es condición sine qua non de la democracia, a la descalificación, al uso del sistema de justicia para criminalizar su actividad, a la dilación en la investigación de las agresiones, al hostigamiento directo de las autoridades, o a la tolerancia frente a los abusos de los poderes fácticos (dedicados o no a negocios lícitos). Las respuestas dadas hasta hoy para garantizar el derecho de defensoras y defensores a defender los derechos humanos, así como el derecho de los comunicadores a gozar de condiciones favorables para la libre expresión, han sido insuficientes. Las medidas cautelares ordenadas por organismos defensores de derechos humanos no han sido debidamente satisfechas. En otras ocasiones, las fiscalías especiales nombradas ad casum han sido absolutamente ineficientes.
A partir de su experiencia, muchas organizaciones civiles han estado participando en la creación de un mecanismo para la protección de defensoras, defensores y periodistas. Los avances y las dificultades encontradas en el proceso, constituyen la materia de la audiencia solicitada a la Comisión Interamericana. Es de desearse que la participación en la creación del mecanismo se traduzca en avances concretos, sobre todo en cuanto respecta a lograr del gobierno mexicano una postura comprometida con los derechos humanos. De este compromiso depende la eficacia de un mecanismo concertado entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales.
Al mismo tiempo, es necesario que las organizaciones civiles articulen procesos que disminuyan su vulnerabilidad. De la solidaridad que construyan dependerá la transformación de las actuales condiciones, sin que ello exima al Estado de asumir sus propias responsabilidades. En este horizonte se ubica la entrega, hoy, del premio Tata Vasco, del Sistema de Universidades Jesuitas en México, a Indignación, sólida y comprometida organización yucateca de derechos humanos, y el reconocimiento del mismo sistema al Frente Cívico Sinaloense, cuyos integrantes han sido víctimas de graves agresiones en los últimos años. ¡Enhorabuena por ambas!