El Sur (6 de julio de 2010)
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) informó que entre la última semana de agosto y la primera de septiembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) analizará en audiencia pública los casos de tortura y agresiones contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, ocurridos en 1999 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, a manos de efectivos del Ejército mexicano.
El caso, dijo el encargado de Prensa y Análisis del Prodh, José Rosario Marroquín, vía telefónica, está sustentado en la tortura de que fueron víctimas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y la defensa que presentó la demanda ante la Corte buscará evitar que en el sistema judicial mexicano las declaraciones autoinculpatorias que se den bajo tortura puedan ser utilizadas como pruebas, como fue el caso de los campesinos ecologistas.
Cuarto proceso contra militares
Este caso como los de Rosendo Radilla Pacheco –detenido desaparecido por el Ejército en 1974 en Atoyac de Álvarez– y los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega –indígenas me’phaa violadas por elementos del Ejército en comunidades de Ayutla y Acatepec– trae como consecuencia la impunidad de las fuerzas armadas, por lo que una de las consecuencias inmediatas será la exigencia de que no se aplique el fuero militar en la investigación y juicio de delitos cometidos por militares contra civiles, explicó Rosario Marroquín.
En un documento, el área de prensa y análisis del Centro Prodh contextualiza: “a partir de 1993 fueron militarizadas las zonas de la Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y la Montaña del estado de Guerrero. Después de la masacre de Aguas Blancas (1995) se intensificaron los sobrevuelos y movimientos de tropa y en los años posteriores aumentó la presencia militar en la entidad bajo la justificación de realizar tareas de seguridad pública y de contrainsurgencia. La militarización de Guerrero se caracterizaba, y se sigue caracterizando, por la comisión generalizada e impune de graves violaciones a los derechos humanos como detención arbitraria, tortura, violencia sexual, allanamiento de morada, retención de personas por plazos prolongados en instalaciones militares. Tales crímenes, en el supuesto de que sean investigados, son conocidos en el fuero militar, lo cual ha servido para mantenerlos en la impunidad”.
Recuerda el inicio de la lucha de los defensores del bosque que se conformaron en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), pues “empezaron a observar que los ríos se secaban, algunas especies comenzaron a escasearse, la erosión del suelo aumentó de forma considerable y el periodo de lluvia disminuía”.
Se conformó la OCESP “con habitantes de los 24 ejidos de la zona del Filo Mayor donde la empresa Costa Grande Forest Products, subsidiaria de la estadunidense Boise Cascade, operaba con un contrato firmado con el cacique Bernardino Bautista Valle quien controlaba la Unión de Ejidos Rubén Figueroa”.
A consecuencia de la lucha de los campesinos contra la explotación forestal, para 1998 Boise Cascade terminó sus operaciones en Guerrero pero comenzó a arreciar la represión hacia los ecologistas, hasta que el 2 de mayo de 1999 unos 40 militares del 40 Batallón de Infantería entraron a Pizotla, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, disparando contra personas reunidas afuera de la casa de Teodoro Cabrera. Los atacantes asesinaron a Salomé Sánchez Ruiz y detuvieron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Tras su detención Rodolfo y Teodoro permanecieron 48 horas en el puesto de mando militar que el Ejército improvisó a las orillas del río en Pizotla. El 4 de mayo fueron trasladados al 40 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, donde estuvieron incomunicados hasta el 6 de mayo. En los cinco días fueron torturados psicológica y físicamente con golpes en los testículos, cabeza, estómago y espalda, además se les amenazó con dispararles en el cráneo y hacer daño a sus familias.
La resistencia de Montiel y Cabrera cedió y firmaron declaraciones autoinculpatorias en las que se declararon culpables de portar armas de uso exclusivo del Ejército y cosechar mariguana.
El 28 de agosto de 2000 fueron sentenciados a seis años ocho meses y a diez años de prisión respectivamente, “la sentencia se fundamentó en la confesión obtenida bajo tortura e incomunicación”, apunta el Centro Prodh, organismo no gubernamental que ha llevado la defensa jurídica de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera desde 1999, apenas se les permitió ese derecho.
En noviembre de 2001, ante una campaña de presión nacional e internacional, la Secretaría de Seguridad Pública, secundada por el entonces presidente Vicente Fox les otorgó la libertad por “razones humanitarias”.
En la resolución sobre la libertad de Montiel y Cabrera, Fox argumentó que “la sanción impuesta es incompatible con su estado de salud y constitución física”, pero no se reconoció la inocencia de los presos, no se sancionó a los militares torturadores ni se otorgó la debida reparación del daño.
“No regresarán a Guerrero porque no hay condiciones”
Luego de más de 10 años de ausencia obligada de la entidad y de la lucha ecologista, los dos guerrerenses no están en condiciones de volver a su terruño porque en Guerrero se vive un clima de vulnerabilidad y de condiciones desfavorables para los defensores de derechos humanos que se ven hostigados por militares, paramilitares, por las diferentes policías e incluso por grupos armados contratados por empresas privadas dedicadas a la explotación de recursos naturales, consideró José Rosario Marroquín.
Al preguntar a José Rosario Marroquín respecto del paradero de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera sólo dijo que no están en la entidad desde que fueron liberados. En realidad, su salida de Guerrero los desvinculó de la lucha ecologista desde hace más de 10 años.
En este apartado, Rosario Marroquín, ejemplifica que cuando se dan años de lucha por las víasinstitucionales: mediante trámites burocráticos, reuniones con funcionarios, negociaciones con las autoridades para pedir vivienda digna, alimentación, respeto a la ecología y otras exigencias de carácter social; simplemente no se llega a nada.
Entonces, la gente organizada termina exigiendo esos derechos mediante la toma de edificios públicos y el bloqueo de carreteras, “es cuando se observa más claramente que el sistema de justicia está en contra de los defensores porque el bloqueo de carreteras se estipula como ataque a las vías de comunicación y si en la toma de un edificio se encuentra una persona se le califica de retención y esto es equivalente al secuestro, al secuestrador y al luchador social les dan penas iguales”.
Además contra éstos se actúa por oficio y a los procesos se les da celeridad, en contraparte, a los policías y militares que violan, asesinan y torturan a los defensores de derechos humanos se les permite actuar y no se les juzga, lo que crea una fuerte cadena de impunidad.
Por eso dijo que espera que con el caso en la Coidh, las condiciones en la entidad se mejoren para los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, “realmente vemos complicado que Rodolfo y Teodoro regresen a Guerrero pero si existe gente que empuja en este camino las cosas tienen que mejorar, algo bueno tiene que pasar”.
Mientras que Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García tuvieron que abandonar la lucha por los bosques, la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) siguió sus actividades en defensa de los bosques, y siguió la represión contra sus miembros y contra otros defensores del bosque de la región. Actualmente, con motivo de esa lucha siguen presos en Acapulco los campesinos ecologistas Gerardo, Rodolfo y Palemón Cabrera González, los dos últimos detenidos por efectivos del Ejército cuando se dirigían a auxiliar a otro campesino ecologista, Albertano Peñaloza, que el 19 de mayo de 2005 fue víctima de un ataque armado en su casa en Banco Nuevo, en el que murieron dos de sus hijos, de 21 y 11 años.