(Opinión / El Universal)
La medición de la pobreza suscita polémica. Ser pobre, más allá de toda discusión, implica la imposibilidad del acceso a los más elementales derechos humanos. Según el Coneval, entre 2006 y 2008 la incidencia de la pobreza patrimonial (quienes no tienen ingreso suficiente para satisfacer necesidades elementales) aumentó de 42.6% a 47.4%, y la pobreza alimentaria (quienes no pueden adquirir una canasta básica) pasó de 13.8% a 18.2%. Hablamos, respectivamente, de 50 y 20 millones de seres humanos cuya dignidad es amenazada de modo permanente.
El Estado mexicano, que ha firmado y ratificado casi la totalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos, niega, en la práctica, la intención expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la de aspirar al advenimiento de un mundo en que los seres humanos vivan libres del temor y de la miseria. Pese a los compromisos adquiridos, la pobreza refleja que no son garantizados los derechos sociales en el país. Ésta impone limitaciones graves para el acceso a los derechos básicos. De acuerdo con la anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, la pobreza, “más que un asunto económico, es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana”.
Ejemplo de lo anterior es la discriminación de las mujeres indígenas —uno de los sectores más vulnerados por la pobreza— ante el sistema de justicia. El aparato judicial les niega el acceso a los recursos necesarios para enfrentar un juicio justo apegado a mínimos requisitos del debido proceso. Son afectados los miembros de comunidades cuyos bienes son codiciados por quienes, gracias a su capital económico y político, imponen grandes proyectos que, en nombre del desarrollo, terminan por agudizar las causas de pobreza. A quienes osan oponerse, el Estado les responde con un uso faccioso del sistema de justicia para castigar su atrevimiento.
La pobreza no ha sido abordada por los diversos gobiernos desde un enfoque integral y con perspectiva de derechos humanos. La pobreza patrimonial de 50 millones de mexicanos no es producto de la casualidad, sino el resultado de condiciones históricas y sociales concretas. Se origina en las relaciones desiguales y en la existencia de complicidades que las favorecen desde la estructura gubernamental. La pobreza no se origina en la mala suerte ni en la falta de interés para llevar una vida digna; su existencia expresa la ausencia de medidas del Estado para garantizar los derechos fundamentales. Resolver la pobreza extrema no debe ser, dadas las causas, un asunto del corazón ni de buenas intenciones, sino una cuestión de justicia elemental.
A incrementar la pobreza han contribuido erróneas decisiones gubernamentales orientadas a destruir las conquistas sociales. La manía privatizadora, el combate a los trabajadores organizados y la aprobación de una reforma laboral al gusto de los empresarios son señales de una opción que va en sentido contrario a la reducción de la pobreza en el país. En este contexto se ubica el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Se prefiere —frente a la pobreza— emplear una perspectiva filantrópica, incluso de caridad. Pero construir una sociedad equitativa no es sólo cuestión de programas sociales encargados a secretarios grises, sino un asunto que necesariamente pasa por la política económica. Los pobres no deben ser objeto de la acción del Estado que interviene para corregir lo que el mercado, favorecido por el mismo Estado, descompone.
Ante la pobreza, el Estado debe asumir acciones positivas, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho también el organismo, en relación con la economía, que las políticas de apertura indiscriminada e integración económica distan de generar condiciones justas y dignas para los más pobres.
La sociedad también debe contribuir a abatir la pobreza. Pero su acción, antes de ser una cuestión de buenas intenciones, debe ser expresión de una exigencia política que implique la supervisión de las acciones de los gobernantes, la denuncia de la corrupción, la exigencia de poner fin a la impunidad, la oposición a los proyectos impuestos sin consulta a los pueblos y comunidades y la exhibición constante de cuanto atenta contra los derechos de las personas.