(Dfnsor / junio de 2010)
El 12 de mayo de 2010, ante empresarios reunidos en el Consejo de las Américas, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, tras afirmar que está horrorizada por la violencia de los traficantes de drogas en México, dijo que no hay una estrategia efectiva en la lucha antinarcóticos: «necesitamos estrategias más inteligentes, más efectivas para abordar esta amenaza». 1 Su opinión coincide con la experiencia de quienes en México observamos la ineficiencia de la política de seguridad aplicada por el gobierno mexicano. Sin embargo, no sólo se trata de generar estrategias más efectivas, sino de generarlas con un compromiso real a favor de los derechos humanos de la sociedad que en esta «guerra» ha sido víctima de abusos.
México ha experimentado dificultades en la consolidación del Estado de derecho y en el tránsito a la democracia. Durante muchos años las instituciones han estado al servicio del régimen y no de la sociedad. Las funciones policiales y militares han tenido como fin la contención de la disidencia y la búsqueda de la estabilidad antes que la seguridad de las personas. El sistema de justicia también ha sido empleado de manera facciosa; sus deficiencias han hecho de éste un instrumento de negociación o una herramienta para inhibir la oposición y las exigencias legítimas de la sociedad.
Persisten prácticas que violan los derechos humanos, como torturas y malos tratos; concesión de valor a confesiones recabadas con tortura; y detenciones, desapariciones y ejecuciones arbitrarias, las cuales forman parte de un catálogo de abusos que no han sido erradicados de las instituciones policiales y judiciales. Su persistencia es explicable por la impunidad que protege a los funcionarios involucrados y a quienes se benefician de este uso desviado de las instituciones que deberían garantizar la seguridad de las personas. De modo que no sólo se necesita alcanzar eficiencia en la política de seguridad; es necesaria una reforma de fondo en las instituciones involucradas en ésta.
En los últimos tres años el gobierno federal ha optado por emplear una estrategia de combate frontal al tráfico de drogas. La entiende como una guerra cuyo resultado final será determinado por la capacidad de fuego de los combatientes, sin embargo, varios datos nos permiten afirmar que la «guerra» no la va ganando el gobierno. La producción, el tráfico y el consumo de drogas no han disminuido: la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 mostró que en seis años aumentó 50% el número de personas adictas a las drogas ilegales. Con la guerra calderonista también aumentó la violencia asociada al narcotráfico: en 2006 fueron asesinadas 2 221 personas, 2 561 en 2007, 5 620 en 20082 y 8 281 en 2009. 3
La violencia no se reduce a contabilizar asesinatos, también se expresa en las extorsiones, secuestros y robo de autotransportes. 4 Uno de estos crímenes se relaciona con el secuestro de migrantes que transitan por México, delito que ha alcanzado las dimensiones de una «tragedia humanitaria».5
Ante la magnitud de la violencia y el crimen, las instancias encargadas de la investigación y de los procesos penales contra los responsables se han visto rebasadas. No han sido resueltos los homicidios supuestamente re lacionados con el tráfico de drogas debido a que la vincu lación de los asesinatos con el narcotráfico se ha realizado de manera arbitraria, tanto por quienes presentan la información como por las mismas autoridades, quienes pretenden disminuir las dimensiones de la violencia recurriendo a la descalificación previa de las víctimas.
Después del asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez a principios de 2010, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que se trataba de un pleito entre pandillas; 6 además, no han faltado afirmaciones en el mismo sentido emitidas por funcionarios que tienen una responsabilidad ineludible en materia de derechos humanos.
Colaboración estadounidense
Estados Unidos ha otorgado a México ayuda en materia de seguridad durante varios años. Para el periodo de 2006 a 2011 se considera que el monto total de estos fondos será de casi dos mil millones de dólares. 7 La creciente violencia asociada al tráfico de drogas alcanzó niveles que preocuparon a ambos países debido al aumento significativo de ésta en los estados de la frontera norte de nuestro país. A partir de 2007, funcionarios estadounidenses y mexicanos comenzaron a delinear un programa de asistencia técnica y material otorgada por Estados Unidos para apoyar la política de seguridad que ha impulsado el gobierno mexicano.
En 2008 se concretó esta asistencia a través del plan conocido como Iniciativa Mérida, aprobado inicialmente en la ley estadounidense llamada Ley de Asignaciones Suplementarias de este año.8 En ésta el Congreso de Estados Unidos aprobó un monto inicial de 400 millones de dólares, en los que estuvieron incluidos 116 millones y medio de ayuda militar.
Los fondos fueron asignados a la compra de helicópteros, aeronaves, escáneres y vehículos armados, a la creación de bases de datos policiales, al entrenamiento de unidades especializadas en el combate a la delincuencia organizada, a iniciativas para combatir la corrupción en la policía federal, a programas de apoyo en ámbitos de Estado de derecho y derechos humanos y a la asistencia técnica en la aplicación de reformas al sistema de justicia.
De estos fondos, 15% estaría condicionado a los avances de México en cuatro áreas de derechos humanos: mejoras en la transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones policiales, investigación por parte de las autoridades civiles de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas y de la policía federal, cumplir con la prohibición de dar valor probatorio en procesos penales a las declaraciones obtenidas mediante tortura, y establecer un mecanismo de consulta periódica entre el gobierno mexicano y la sociedad civil para monitorear la operación de la Iniciativa Mérida.
La ayuda estadounidense, sin embargo, antes que garantizar la seguridad de las personas, ha contribuido a reforzar la injerencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, e implica un apoyo importante al paradigma de combate frontal contra la delincuencia organizada, el cual no sólo ha sido ineficiente sino que se ha caracterizado por la comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El diseño de la Iniciativa no deja dudas de que el énfasis está en las actividades de las fuerzas de seguridad ni de que el gobierno ha apoyado hasta hoy -material, técnica y políticamente- los operativos policiales-militares de seguridad pública a los que se ha reducido la política calderonista en materia de seguridad.
Muestra clara de este respaldo lo tenemos en el hecho de que México no ha mostrado avances en la defensa y protección de los derechos humanos -ya que persisten los abusos relacionados con la tortura y el empleo del fuero militar para investigar y juzgar actos militares que son lesivos de estos derechos-, y sin embargo, en agosto de 2009 la administración estadounidense anunció la liberación de 15% del primer monto de fondos que hasta ese momento había permanecido congelado debido a la emisión de un informe previo, emitido por el Departamento de Estado de esa nación, en el que habían sido expresadas serias preocupaciones por el uso de la tortura y la persistencia de la práctica de investigar y juzgar violaciones a derechos humanos en el fuero militar.
La afirmación de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton -arriba enunciada-, es por lo tanto una acusación al modelo apoyado por el gobierno estadounidense. México y Estados Unidos se han empeñado en una guerra inútil cuyo costo ha sido muy alto en términos del respeto y la protección a los derechos humanos. Se impone entonces la necesidad de un cambio radical en las estrategias adoptadas hasta hoy: un nuevo paradigma debe basarse en el control del consumo. Hay en ello no poca responsabilidad del gobierno estadounidense; el reciente anuncio de un cambio en la estrategia, hecho por Barack Obama, implica una mejora -modesta pero real- respecto del paradigma seguido hasta ahora.9
Seguridad y derechos humanos
La preocupación internacional por las violaciones a derechos humanos derivadas de la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas ha sido externada en diversos foros. Recientemente representantes de la Unión Europea afirmaron la necesidad de realizar los operativos con respeto a los derechos humanos y de que se combata la impunidad en los crímenes y el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército, al mismo tiempo que debe definirse la cuestión del fuero militar. Lo anterior a partir de lo que diversas instancias -nacionales e internacionales- han manifestado «en relación con alegatos de tortura y malos tratos, y con el tema de las desapariciones forzosas». 10
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), tras haber atendido las solicitudes procedentes de diversas partes del continente, ha publicado su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. En ocasiones anteriores, el organismo ha resaltado que la atención a los efectos de la violencia y el delito sobre la gobernabilidad hace necesario un enfoque de seguridad ciudadana basado en los siguientes pilares: una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes, una administración de justicia fortalecida y un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del detenido. 11
Estos elementos han sido desatendidos en nuestro país. La injerencia militar -que sería temporal- no se ha traducido en el fortalecimiento de los cuerpos policiales civiles, ya que persisten en éstos la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación. En cuanto al sistema de justicia, pese a las reformas aprobadas en 2008, continúan presentes las deficiencias estructurales y el uso faccioso de éste en detrimento de las personas, sobre todo de quienes se movilizan y exigen derechos. Por lo que toca al sistema penitenciario, estudios empíricos demuestran su ineficacia, así como el hecho de que en los centros penitenciarios del país la mayor parte de la población está constituida por personas de bajos recursos que no pudieron contar con una defensa adecuada.12
Ante la ineficiencia de las actuales políticas de seguridad, y sobre todo ante el número elevado de violaciones a derechos humanos que las acompañan, se hace necesario adoptar el paradigma de la seguridad ciudadana, definida por la CIDH como «aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas»;13 es decir, que en la práctica las personas vivan libres de la violencia que practican los actores estatales o no estatales. Sin embargo, éste no es un asunto exclusivo de la policía y mucho menos del Ejército, pues requiere la atención de los múltiples factores que propician la violencia y la comisión de delitos.
Notas al pie de página:
1 David Brooks, «México carece de una estrategia efectiva en la lucha antinarcóticos: Hillary Clinton», en La Jornada , 13 de mayo de 2010.
2 Gustavo Castillo García, «Consolidación de nuevos cárteles del narco recrudece ola de ejecuciones «, en La Jornada , 31 de diciembre de 2008.
3 Melisa del Pozo, «Un ejecutado cada hora durante 2009», en Milenio on line , 1 de febrero de 2010, disponible en < http://impreso.milenio.com/node/8697054 >, página consultada el 14 de mayo de 2010.
4 Ricardo Ravelo, «…El noveno cártel», en Proceso , núm. 1750, México, 16 de mayo de 2010.
5 Expresión empleada por el comisionado Rodrigo Escobar Gil durante la audiencia de organizaciones civiles mexicanas para tratar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 22 de marzo de 2010.
6 Álvaro Delgado, «La masacre en Juárez, pleito entre pandillas: Gómez Mont», en Proceso.com.mx , 2 de febrero de 2010, disponible en < www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76137 >, página consultada el 16 de mayo de 2010.
7 Estimaciones de Just the Facts. A civilian’s guide to U. S. defense and security assistance to Latin America and the Caribbean, «Grant military and police aid to Mexico, All Programs, 2006-2011», disponible en < http://justf.org/Country?country=Mexico >, página consultada el 18 de mayo de 2010.
8 Supplemental Appropiations Act, Pub. L. núm. 110-252 1406(b), 2008.
9 Cfr . Washington Office on Latin America, Press Release, 11 de mayo de 2010, disponible en < www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=1099&Itemid=8&LANG=en >, página consultada el 18 de mayo de 2010.
10 Georgina Olson, «Externa la ue preocupación en el tema derechos humanos», en Excélsior , 13 de mayo de 2010.
11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos , OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, CIDH/oea , 31 de diciembre de 2009, párr. 2.
12 Estos temas están desarrollados en el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, México, 2010.
13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. , párr. 221.