Secuestros a personas migrantes centroamericanas en tránsito por México (212.76 kB)
El 22 de marzo de 2010 se realizó una audiencia pública, dentro del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington D.C. Diversas organizaciones civiles mexicanas presentaron la temática del secuestro sistemático y generalizado a personas migrantes en México.
El presidente de la Comisión Interamericana y relator para los trabajadores migrantes y sus familias, señaló que la cifra presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (9758 personas secuestradas en seis meses) es escalofriante y el Estado debe redoblar esfuerzos para prevenir que esta situación se siga reproduciendo. El comisionado Rodrigo Escobar Gil expresó que esta situación sufrida por las personas migrantes en tránsito por México ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria.
Las organizaciones peticionarias han denunciado esta grave problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad. Al presentarse ante la Comisión se puso en evidencia el incumplimiento del Estado mexicano a los instrumentos americanos de Derechos Humanos al consentir la comisión del secuestro, así como al no garantizar la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas.
Indicaron también que las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad que permitan desarrollar labores de defensa y representación legal.
La delegación del Estado no contestó puntualmente a la información proporcionada por los peticionarios, rechazando, además, los calificativos expresados por los Comisionados de graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria; sin embargo, no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario. Por no contar con los datos relevantes durante la audiencia, el Estado se comprometió a entregar un informe posterior sobre el tema.