México, D.F., 5 de mayo de 2008
Boletín de prensa SJ-05-08
- Dan tres años y dos meses de prisión al elemento de la Agencia de Seguridad Estatal, Doroteo Blas Marcelo, quien violó al menos a una de las mujeres que fueron detenidas en el operativo Atenco, en mayo de 2006, sin embargo nunca estará en prisión.
- La sentencia muestra una vez más que la impunidad prevalece pese a las exigencias constantes de las víctimas.
- El Centro Prodh externa su desacuerdo con la manera en que el Estado de México lleva a cabo su propia justicia minimizando las sanciones a los responsables materiales y encubriendo a los responsables intelectuales.
El día viernes 2 de mayo de 2008, el Juez Primero de lo Penal en Tenango del Valle, Tomás Santana Malváez, dictó la primera sentencia por las violaciones a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco y Texcoco en 2006 por fuerzas de seguridad locales y federales. El policía sentenciado fue Doroteo Blas Marcelo quien enfrentaba un proceso por el delito de actos libidinosos en contra de Ana María Velasco. La sentencia fue detres años y dos meses de prisión, sin embargo la pena es conmutable por la cantidad de 8 mil 427 pesos, ante lo cual no será necesario que compurgue la pena privado de su libertad.
Después de la incursión policial en San Salvador Atenco, donde varias mujeres fueron torturadas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició averiguaciones previas por el delito de abuso de autoridad, reclasificando el delito en contra de un policía de la Agencia de Seguridad Estatal, Doroteo Blas Marcelo, por el de actos libidinosos, una vez que la agraviada Ana María pudo ratificar su denuncia y reconocer al responsable de obligarle a realizarle sexo oral. Esto debido a que cuando sucedieron los hechos, en el Estado de México el sexo oral no estaba incluido dentro del tipo penal de violación. Cabe mencionar que Ana María no fue la única mujer que denunció haber sido obligada a practicar sexo oral, sin embargo sí fue la única, de las 26 que denunciaron abusos sexuales y violación, que pudo ver a su agresor.
Desde agosto de 2004 el Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal que hizo que el delito de violación incluyera la penetración por la vía oral.[1] Sin embargo, después de tres meses el poder ejecutivo del Estado de México publicó una ‘Fe de erratas’ en la Gaceta del Gobierno quitando la palabra ‘oral’ del código, de modo que en mayo de 2006 la ley vigente no incluía la violación por vía oral. Esta acción por parte del Ejecutivo es ilegal, pues de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación una “Fe de erratas” que tiene los efectos de modificar una ley resulta violatoria de la Constitución “pues viola la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal por no agotar las etapas relativas a la creación, modificación o reforma de leyes prevista en los procesos legislativos de cada estado”. Más aún si cambia el sentido de un tipo penal. No fue sino hasta el año 2007 cuando otra reforma realizada por el Congreso estatal equiparó a la violación la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía oral.
La sentencia confirma una vez más que la impunidad prevalece a pesar de las distintas acciones realizadas por las víctimas para exigir justicia, y también pese a los múltiples llamamientos al Estado mexicano y acciones de solidaridad con las mujeres denunciantes de tortura realizadas en Estados Unidos, España, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Polonia, Noruega y Francia, entre otros; entre las acciones destaca también el posicionamiento del tema en el Congreso de los Estados Unidos por parte del diputado Ted Poe quien afirmó que “los policías deben proteger a los ciudadanos, no abusar de ellos”.
La sentencia es también una muestra de que en el Estado de México las instancias de procuración y administración de justicia siguen careciendo de imparcialidad e independencia pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo.
Este Centro de Derechos Humanos externa su desacuerdo con la manera en que el Estado de México lleva a cabo su propia justicia minimizando las sanciones a los responsables materiales y encubriendo a los responsables intelectuales. Al mismo tiempo hace un llamado a la Fiscalía Especial para los Delitos Violentos cometidos en contra de las Mujeres y la trata de Personas (Fevimtra) para que atraiga las investigaciones del Estado de México y asegure la imparcialidad de las investigaciones que lleven a la identificación de todos y cada uno de los responsables y a su posterior enjuiciamiento.