El 7% de la población privada de la libertad en 2016 había sido arrestada por el Ejército o la Marina, casi el mismo porcentaje que la Policía Federal. El 61% de los hombres arrestados por la Marina fueron sofocados entre su arresto y su llegada al MP, el 41% de las mujeres fueron violadas. (…)

Militarizaron la seguridad pública en la Constitución y construyeron un bodrio jurídico que además de lidiar con los retos de una guerra, deberá lidiar con la disputa entre instituciones. (…)

La desaparición es un delito permanente, lo que implica que mientras se desconozca el paradero de la víctima, la transgresión continúa. Al dejar estos casos sin resolver, las autoridades no sólo prolongan el crimen sino, sobre todo, prolongan la agonía de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Por eso es tan importante la comisión de Ayotzinapa que se establecerá mañana. Y por eso también es crucial que el Gobierno expanda sus esfuerzos para atender también los demás casos. (…)

Reconociendo los aspectos encomiables del Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno, es imposible dejar de advertir que la GN no avanza en la desmilitarización de la seguridad. Afirmar que por mandato de ley el Ejército y la Marina actuarán como policías y respetarán los derechos humanos; o que esta reforma abre el camino para su regreso a los cuarteles, es engañoso. También lo es sostener que las Fuerzas Armadas son ajenas a la descomposición de los últimos años. (…)

Un argumento importante de la sentencia, es que su análisis no focaliza las responsabilidades en algunos efectivos indisciplinados, como insinuó el discurso presidencial, sino en una estrategia de seguridad que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. (…)

Así que la reforma constitucional con la que se pretende crear la Guardia Nacional sería inconvencional. Es decir, jurídicamente sería incompatible con normas contenidas en sentencias que estamos obligados a cumplir. Con ello el Estado mexicano se apartaría de sus compromisos internacionales y las autoridades mexicanas podrían incurrir en responsabilidad. (…)