El día de ayer 361 diputados votaron a favor de la instalación de una guardia militar a la que llaman nacional, con la administración a cargo de un civil, pero la operación en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Militarizaron la seguridad pública en la Constitución y construyeron un bodrio jurídico que además de lidiar con los retos de una guerra, deberá lidiar con la disputa entre instituciones.
¿En serio ven compatible la lucha anticorrupción y la búsqueda de la verdad en casos emblemáticos con una guardia militar que tiene entre sus integrantes algunos referentes de delitos y de violaciones graves a derechos humanos? De ser así, no habrá de sorprender que la buena voluntad sea derribada por el pragmatismo que se impone en una estrategia de guerra. Si el Senado no da marcha atrás a la Guardia Nacional, habrán ganado quienes empujan hacia la ruta autoritaria.