Todas y todos nos exponemos a que de un momento a otro nos inventen un delito, nos fabriquen pruebas y, como en una pesadilla, nos consideren culpables y permanezcamos durante años en los sórdidos pasillos del sistema buscando justicia, un enredo jurídico empeorado por la prisión preventiva oficiosa. ¿A quién debemos atribuir esta realidad que nos expone a todas y a todos? ¡A las y a los legisladores! (…)

El discurso presidencial contra organismos civiles de DDHH puede volverse licencia para que funcionarios federales o autoridades locales escalen hacia animadversiones más allá de lo discursivo (…)

En 2020, los indicadores sobre el abuso de la fuerza en los enfrentamientos de la SEDENA volvieron a crecer. Todo indica que sucesos como el de Nuevo Laredo o, incluso, el asesinato reciente en Mazapa de Madero, no son la excepción (…)

Nada es más fácil para las policías y los gobiernos que administrar la crisis provocada por los escándalos metiendo la discusión en la caja de la capacitación (…)

La fragilidad institucional y la macrocriminalidad han hecho de nuestro país un territorio en que cada día el Estado se muestra más susceptible de perder el control del monopolio legítimo de la fuerza. En ese contexto se desarrolla este año el proceso electoral más grande de nuestra historia (…)

Aun cuando las y los legisladores expresaron que se escuchó a la sociedad civil, el ejercicio que se denominó Parlamento Abierto estuvo lejos de cumplir los estándares de participación.  Y aunque algunos de los contenidos más preocupantes se eliminaron, de ninguna manera puede considerarse que con esta legislación estemos avanzando hacia el fortalecimiento de las fiscalías y las políticas criminales (…)