Actualmente hay más de 37 mil desaparecidos en México. Esta cifra resulta incluso más perturbadora si se confronta con otra: 26 mil cuerpos no identificados en el país.
Identificar estos cuerpos debería ser una tarea relativamente sencilla: comparar el ADN de los cuerpos y de los familiares de los desaparecidos y verificar cuáles coinciden. Pero para eso harían falta instituciones estatales que tengan la capacidad y la voluntad de hacer ese trabajo, algo que, hasta ahora, no se ha visto.
Por cierto, la negligencia de las autoridades mexicanas para recolectar y manejar adecuadamente la información no es exclusiva de los casos de desaparición de personas. Al contrario, es común en investigaciones de todo tipo de abusos y en prácticamente todos los tipos de delitos. La diferencia es lo que está en juego en los casos de desapariciones.
La desaparición es un delito permanente, lo que implica que mientras se desconozca el paradero de la víctima, la transgresión continúa. Al dejar estos casos sin resolver, las autoridades no sólo prolongan el crimen sino, sobre todo, prolongan la agonía de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
Por eso es tan importante la comisión de Ayotzinapa que se establecerá mañana. Y por eso también es crucial que el Gobierno expanda sus esfuerzos para atender también los demás casos.