No es posible que hayan pasado ya diecisiete años desde que Inés y Valentina fueran violentadas y sigamos careciendo de información tan básica sobre cómo operan los distintos cuerpos de seguridad. En el contexto de la Guardia Nacional, es aún más preocupante que vayamos a quedarnos sin la única encuesta que nos permite monitorear el comportamiento de las autoridades al menos en el marco de una detención. (…)

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en abril del 2019 resolvió otorgando el amparo y protección de la justicia a ARTICLE 19 afirmando que, en efecto, el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), puede (pudo) determinar para fines de acceso a la información, presuntas violaciones graves a los derechos humanos. (…)

Los cuerpos femeninos son víctimas de la precariedad, que se ha vuelto condición de dominación y nos coloca vulnerables. Su contraparte es la protección política y la inmunización social contra el peligro. Lo precario no es un estado de excepción, sino la condición de normalidad. (…)

Quizá por ahí debe comenzar la justicia: castigando a los violadores y torturadores uniformados, capacitando y previniendo estos abusos sistemáticos, garantizando que quienes deben cuidarnos, sepan realmente lo que eso significa. (…)

En primer lugar, la violación sexual equivale a tortura cuando es infligida por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia; el Estado también es responsable cuando particulares cometen este tipo de actos y no actúa con la diligencia debida para impedirlos, detenerlos o sancionarlos o para ofrecer una reparación integral a las víctimas. (…)

En este momento se está desarrollando el debate en torno a una amplia propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y en el proceso que determinaría su contenido, la consulta de la misma con los pueblos indígenas. . (…)