En atención a las múltiples repercusiones que esta violencia tiene en la vida de las mujeres y a la desproporcionada relación de poder entre agresor y víctima, el derecho internacional de los derechos humanos ha implementado una interpretación en la cual, en determinadas circunstancias, la violencia sexual por razones de género puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
En primer lugar, la violación sexual equivale a tortura cuando es infligida por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia; el Estado también es responsable cuando particulares cometen este tipo de actos y no actúa con la diligencia debida para impedirlos, detenerlos o sancionarlos o para ofrecer una reparación integral a las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros fines, el de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Al respecto, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU advirtió que la violación y la violencia sexual han sido usadas históricamente como un mecanismo para demostrar el poder del perpetrador sobre las víctimas.
En los casos de Inés Fernández Ortega vs México; Valentina Rosendo Cantú vs México y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, la Corte IDH adoptó la misma perspectiva al sostener que la violación sexual constituye tortura, por lo que el Estado mexicano ha sido señalado como responsable en 3 resoluciones internacionales de haber cometido esta grave violación a los derechos humanos involucrando la participación de diversas autoridades como la Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército.
La indiferencia o inacción del Estado constituye una forma de incitación o de autorización para que estos actos sigan ocurriendo, lo que sucede cuando éste no previene ni erradica la violencia de género.
La persistencia de la tortura sexual contra las mujeres exige que la concibamos como un problema que exige respuestas integrales. El movimiento #NoMeCuidanMeViolan nos recuerda esa gran agenda pendiente. Hasta ahora, la respuesta de las autoridades no ha estado a la altura. La ruta de atención adecuada no pasa por la descalificación de las protestas sino por reconocer la gravedad del problema, prevenir su repetición, sancionar a los responsables y actuar ya para que ninguna sobreviviente de tortura sexual siga en prisión.