BAJO LA LUPA | La (opacidad de la) violencia de las fuerzas de seguridad, por Estefanía Vela y Georgina Jiménez

Este es un asunto que nos parece amerita su propia atención sobre todo considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el jueves pasado, que a la Guardia Nacional, conformada en su mayoría por militares y marinos, también le toca desarrollar e implementar un plan para reducir los feminicidios en el país. La lógica parece ser la misma que para todo: ante las fallas de las policías, les toca a las fuerzas armadas lidiar con los problemas, pero ¿es así de fácil? En un contexto en el que las mujeres están denunciando que las autoridades “no nos cuidan, nos violan”, ¿basta intercambiar cuerpos de seguridad?

Las sentencias de Valentina e Inés se emitieron en el 2010. Desde entonces ya se le exigía al Estado garantizar que las autoridades, incluidas las fuerzas armadas, se capacitaran en “derechos humanos” como una forma de asegurar que estas atrocidades no ocurrieran más. Desde entonces también se le exigía que las autoridades encargadas de procesar los casos se capacitaran en la “investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres”.

Esto importa porque la pregunta relevante, actualmente, no es solo qué va a hacer el Estado frente a los casos recientes, sino qué ha estado haciendo todo este tiempo y de qué ha servido.

¿Qué nos dicen todos estos datos?

De entrada, que la violencia ejercida por las autoridades encargadas de proveer seguridad persiste. Que el problema no se soluciona simplemente intercambiando a las autoridades. Cada corporación tiene sus problemas. Aunque, si nos guiamos por estos y otros números, los militares y los marinos parecen ser, de hecho, particularmente peligrosos, al menos en el marco de una detención. El problema, todo indica, tampoco se arregla simplemente con capacitaciones (salvo que las autoridades cuenten con “otros datos” que no han compartido). Requerimos reformas más profundas a la manera en la que operan los cuerpos de seguridad y los mecanismos de control que existen (no solo los penales). Y, sin duda, necesitamos más datos, más transparencia, más evaluaciones. No es posible que hayan pasado ya diecisiete años desde que Inés y Valentina fueran violentadas y sigamos careciendo de información tan básica sobre cómo operan los distintos cuerpos de seguridad. En el contexto de la Guardia Nacional, es aún más preocupante que vayamos a quedarnos sin la única encuesta que nos permite monitorear el comportamiento de las autoridades al menos en el marco de una detención.