En primer lugar, la violación sexual equivale a tortura cuando es infligida por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia; el Estado también es responsable cuando particulares cometen este tipo de actos y no actúa con la diligencia debida para impedirlos, detenerlos o sancionarlos o para ofrecer una reparación integral a las víctimas. (…)

En este momento se está desarrollando el debate en torno a una amplia propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y en el proceso que determinaría su contenido, la consulta de la misma con los pueblos indígenas. . (…)

Hay señales claras de retroceso que permiten a México Evalúa perfilar el riesgo de contrarreforma. Por un lado, se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad (la llamada ‘puerta giratoria’), al tiempo que subraya la noción de que los derechos de las víctimas y de los procesados son un juego de suma cero. Por el otro, se han aprobado reformas (como la del artículo 19: la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa) que son incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio, y se prevé la discusión parlamentaria de nuevas iniciativas de reforma este mismo año.  (…)

El centro de derechos humanos ha buscado transformar la naturaleza de la confrontación político-social en la entidad a través de la promoción y defensa de los derechos humanos y de un esquema de intermediación nada neutral, que toma explícitamente partido por los de abajo. (…)

Con un empeño y una valentía muy particular, la familia Zamora ha documentado la tala ilegal, ha iniciado denuncias , ha insistido en que las autoridades -entre ellas, algunas que hoy lo acusan- cumplan con sus obligaciones de vigilancia y realicen operativos y ha empujado campañas de reforestación. Sin embargo, el precio ha sido alto: Aldo, el hermano mayor, fue asesinado por talamontes en 2007. Don Ildefonso, el padre, fue encarcelado por un robo inexistente en 2015 y ahora Misael -quien tomó el lugar de su padre, afectado en su salud por la estancia de nueve meses en la prisión- enfrenta un proceso penal fabricado, acusado burdamente por tala ilegal. (…)

El hecho que una entidad tenga una tasa alta en un delito, pero una tasa baja en averiguaciones previas por ese mismo delito no significa necesariamente que esté manipulando cifras. No obstante, como en el caso de la Ciudad de México la disparidad a veces sí nos puede servir como indicador de la manipulación de cifras. (…)