Hay señales claras de retroceso que permiten a México Evalúa perfilar el riesgo de contrarreforma. Por un lado, se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad (la llamada ‘puerta giratoria’), al tiempo que subraya la noción de que los derechos de las víctimas y de los procesados son un juego de suma cero. Por el otro, se han aprobado reformas (como la del artículo 19: la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa) que son incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio, y se prevé la discusión parlamentaria de nuevas iniciativas de reforma este mismo año. Existe una alta probabilidad de que estas modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema y, por tanto, abran la puerta a más corrupción.
En aras de disminuir este riesgo de retroceso, y armado con una metodología de seguimiento y evaluación sostenida durante seis años, el estudio Hallazgos 2018 se enfocó en evidenciar una clara falta de transparencia en la toma de decisiones de las autoridades a lo largo del proceso penal. Por ejemplo, durante 2018, pasamos de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100%) a 81,080 asuntos vinculados (3.9%) sin criterios y lineamientos definidos para conocer la manera en las autoridades están decidiendo.
Por otro lado, Hallazgos 2018 presenta los resultados del Índice de impunidad del sistema de justicia penal. Para 2018, el Índice de impunidad federal, es decir, la proporción de casos que son conocidos pero no son satisfactoriamente resueltos por la FGR y el Poder Judicial Federal, es de 94.6% Por otro lado, el Índice de impunidad estatal es de 96.1%; los estados con menores niveles de impunidad son Guanajuato, Quere?taro, Puebla, Campeche y Baja California.
“Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras. Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, aseguró María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa.