El allanamiento a la casa de la periodista Lydia Cacho, el robo de material sensible y el asesinato de la perra que protegía su casa, todo sucedido el pasado domingo en Puerto Morelos, Quintana Roo, son represalias a su ejercicio de defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión y suceden el el contexto de su búsqueda de justicia por la tortura a la cual fue sometida por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo, consideró ARTICLE 19. (…)

Ante ello, la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU llamó a las autoridades a cumplir la ley, ya que la propia Ley de Migración establece que la autoridad competente «no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.» (…)

El cineasta Alfonso Cuarón, la escritora Margo Glantz, la actriz Julieta Egurrola, el actor Daniel Giménez Cacho y otras personalidades se sumaron a organizaciones, colectivos y personas defensoras de México, Ecuador, Perú y otros países para pedir que las autoridades pongan un alto a Grupo México y a la manera de hacer negocios mediante el despojo y la desolación. (…)

El nuevo reglamento estadounidense no contempla medida alguna para garantizar el derecho de las personas solicitantes a procurar la protección internacional. Además, ignora los impedimentos en los marcos legales, las condiciones de la institucionalidad y la inseguridad en los otros países de la región que amenazan la vida e integridad y que impiden la protección efectiva. (…)

«Si Semarnat autoriza la Manifestación de Impacto Ambiental, estará abriendo la puerta para que se profundice la violencia que la minera ha generado, pues se ha aliado con actores en el estado del viejo régimen, acostumbrados a imponer, corromper y abusar del poder. Es tiempo de avanzar en los cambios prometidos», llamaron las comunidades. (…)

La ACNUR advierte que esta disposición restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo, amenaza el derecho a la protección contra la devolución, aumenta significativamente la carga de la prueba para los solicitantes de asilo, más allá de los estándares legales internacionales, restringe drásticamente los derechos y libertades básicos de quienes logran satisfacerla y no está en línea con las obligaciones internacionales. (…)