Ciudad de México, 23 de julio de 2019. El allanamiento a la casa de la periodista Lydia Cacho, el robo de material sensible y el asesinato de la perra que protegía su casa, todo sucedido el pasado domingo en Puerto Morelos, Quintana Roo, son represalias a su ejercicio de defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión y suceden el el contexto de su búsqueda de justicia por la tortura a la cual fue sometida por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo, consideró ARTICLE 19.
Los agresores irrumpieron en el domicilio a las 18:30 hrs, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia. Además, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.
«La verdad nadie se la roba», respondió la periodista en su cuenta de Twitter, tras informar que cuenta con copias del material sustraído.
A la defensora de las niñas y mujeres se le acusó en 2005 de los delitos de difamación y calumnia por denunciar en su libro Los demonios del edén la existencia de una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes. Fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, presuntamente por policías, sin que fuera exhibida una orden de captura, y llevada a Puebla en un vehículo del empresario textilero Kamel Nacif, señalado en el libro y quien fue su principal acusador.
En julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano y le ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” en el caso de la violación de derechos humanos de la periodista, en un hecho inédito por los alcances casi jurisdiccionales de la decisión. La ONU consideró acreditado que en el trayecto, la periodista fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
Debido a ello, la Fiscalía Especia para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, hace un mes, la periodista acusó que la Fiscalía General de la República no tiene interés en detener al exgobernador de Puebla.
«Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública del Estado mexicano en que se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la FEADLE, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos», llamó la organización.